Después de 10 años cerrada, desde la época de Cospedal, el anuncio en junio de 2022 por Blanca Fernández de un contrato de concesión por 40 años para gestionar 209 nuevos alojamientos en régimen de apartamentos-viviendas con cocina y 55 viviendas con habitación compartida para proceder a la reapertura de la Residencia Universitaria Francisco Nieva resultaba un tanto indeterminado, quizás como consecuencia de la proximidad de las elecciones. Pero, por fin, se daba cuenta del uso para un edificio propiedad y responsabilidad de la Universidad y de la Junta de Comunidades, que estaba deteriorándose a marchas agigantadas por su abandono. El edificio, de 6.300 metros cuadrados construidos, está junto a la Universidad, entre la avenida de Camilo José Cela y Cardenal Lorenzana, pero integrado también dentro del barrio del Parque de Atocha.
Dos años y medio después del anuncio de la reapertura y de su acondicionamiento, no hay rastro del proyecto y la residencia sigue cerrada, sin uso. De las obras de rehabilitación no hay señales, al menos en los exteriores, y aún menos de una apertura inminente, dado que aún no está solicitada la respectiva licencia de explotación.
Su cierre como residencia universitaria nunca estuvo demasiado justificado; al parecer, la demanda de plazas de estudiantes no justificaba su existencia para estos fines. Sin embargo, de lo que no queda duda en Ciudad Real es de la necesidad de vivienda joven. El nuevo uso de la residencia como vivienda es una oferta más al mercado de alquiler de la ciudad, que contribuirá a bajar la tensión de los precios si los estudiantes no tienen que recurrir al mercado privado.
La ubicación del edificio, a mitad de camino entre el barrio y la Universidad, le permite un aprovechamiento mixto como vivienda joven no universitaria para fines diversos que no sean exclusivamente de estudios.
La vivienda, en general, pero especialmente en la capital, se ha convertido en la primera necesidad de miles de personas. Cualquier foro es bueno para reivindicarlo por los distintos partidos políticos, excepto VOX, a quien en este asunto no se le oye decir nada. Pero lamento decir que pocas son las soluciones efectivas e inmediatas para resolverlo por parte de ninguna de las administraciones, y, mientras tanto, los precios se disparan y las diferencias entre propietarios y poseedores de una vivienda y el resto se agrandan.
La vivienda, hoy, es quien marca la diferencia social entre los jóvenes, pero también entre el resto de ciudadanos.
El proyecto de rehabilitación de la residencia universitaria no es suficiente para la resolución del problema, pero contribuye. En las últimas semanas, por fin, se habla por todas las partes de la necesidad de construir viviendas en la capital, especialmente viviendas públicas. Sin embargo, no parece que ninguno de los actores que intervienen en el discurso político —municipales, autonómicos o nacionales— esté aportando ninguna solución inmediata para poder desarrollar un proyecto en los próximos meses.
Todo apunta hacia soluciones a largo plazo. Desde la ministra de Vivienda, presente en la capital el pasado fin de semana, pasando por la Junta de Comunidades y terminando por el propio alcalde, todos lo reconocen. Pero no se ha pasado de las cartas del PSOE al alcalde pidiendo la recalificación del suelo del antiguo hospital de Pío XII, del alcalde queriendo convertir el actual edificio de los ministerios en VPO o de las declaraciones de la ministra pidiendo suelo. Propuestas todas a años luz de resolver el problema.
Las últimas viviendas de promoción pública promovidas por la Consejería de Fomento, aún sin construir, en los antiguos edificios militares de la Puerta de Toledo han sido una pantomima.
En la Junta de Comunidades existe una Delegación de Fomento, con las responsabilidades en materia de vivienda, que depende de la delegada del Gobierno; en el Ayuntamiento, una Concejalía de Urbanismo, que depende del alcalde; y en la Administración del Estado, una Dirección Provincial, que depende del subdelegado del Gobierno.
Sabiendo que las soluciones surgen siempre de la necesidad de cruzar y compartir los datos de la ciudad existentes en cada administración; sabiendo que las competencias son compartidas; sabiendo que las necesidades del suelo están repartidas entre lo público y lo privado; sabiendo, en definitiva, que las tres administraciones conocen la urgencia del problema, ¿por qué no se han convocado las reuniones de trabajo necesarias y se ha trazado un plan de gestión conjunto?
La responsabilidad final será de cada uno de los responsables de las distintas administraciones, pero no se puede ignorar que el delegado de Fomento, responsable de vivienda en Ciudad Real y dependiente de la Comunidad Autónoma —en concreto, de la Consejería de Fomento, donde residen la mayor parte de las competencias en materia de vivienda— está dormido en los laureles. Después de más de 18 años, su Consejería no ha construido ni una sola vivienda pública en la capital.
Cada generación es fruto del tiempo que le toca vivir, y los jóvenes actuales, los mejor formados, tienen las peores perspectivas económicas desde hace décadas como consecuencia del bajo poder adquisitivo de los salarios. Por ello, es en los jóvenes, fundamentalmente, donde se debe poner el acento en materia de construcción de vivienda, porque es en ellos donde más desigualdad se genera en la actualidad.