Parece ser que cuando Pedro Sánchez se retira unos días a sus aposentos tiene mucho tiempo para la reflexión, por eso regresa al mundanal ruido cargado de ideas.
No adelanto nada nuevo, porque es lo lógico, si digo que la preocupación se ha instalado en su casa, como lo haría en cualquier otra si algún miembro de la familia se viera enredado en temas judiciales y tuviera que declarar ante un juez. E imagino, además, que la reciente información dada por el diario El Mundo sobre el informe realizado por la Intervención de la Universidad Complutense, en el que destaca que su mujer "concertó irregularmente" los servicios de una empresa, tampoco ayuda a que llegue la calma. Legal, ilegal, penal, ético, moral, amoral… el tiempo irá diciendo en qué queda esta historia de presuntos favores, presuntas influencias y presuntas apropiaciones.
El caso es que, teniendo de fondo ese escenario, el presidente ha adelantado en la SER, medio que le da más confianza, que va a modificar la ley que regula la publicidad institucional, es decir, el dinero que el Estado destina a los medios de comunicación para hacer sus campañas o anuncios. Dinero que, dicho sea de paso, es de todos los ciudadanos. Y es que parece ser que son ya demasiados esos medios, sobre todo digitales, que no merecen recibir esa financiación oficial pues se dedican a difundir noticias falsas y bulos. El objetivo, según el presidente, es garantizar la independencia de los medios de comunicación. A mí, personalmente, me suena un poco a chantaje económico, a cerrar el grifo para que no salga agua y que el sediento desfallezca.
Con esta medida, que se incluye en lo que viene a llamar "regeneración democrática", en la entrevista radiofónica Sánchez resaltó que "no es tolerable que con fondos públicos se financien bulos de la ultraderecha". ¿Dará también la lista de los pseudomedios, como él los llama? ¿Quién decidirá qué? ¿Quién pondrá la etiqueta de bueno y malo? Algo no suena bien.
Obviamente, ese plan de regeneración y calidad democrática incluirá otras medidas, algunas, como ya adelantó, referidas al derecho al honor y al de rectificación. Y me pregunto, si tanto preocupa los bulos y falsedades que se difunden en los medios, porque es lógico que preocupen, ¿también se aplicarán sanciones u otras medidas a las mentiras que los ciudadanos escuchamos de los políticos? ¿Entra el castigo al mentiroso en ese plan de regeneración democrática?
De momento, tendremos que esperar al 17 de julio para que, en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez nos dé más datos de todas las ideas que tiene para conseguir un país más libre y transparente. Por la parte que toca, Asociaciones de prensa ya han mostrado su interés en participar en ese debate en el que aún no han sido invitadas. Ya veremos si, llegado el día de autos, se nos disuelven las dudas.