Ni zanahorias, ni chantajes. De nadie», dice Carles Puigdemont a la vista de los tres decretos-ley que el Gobierno ha de convalidar si quiere que sean, efectivamente, una ley. Y es que Carles preconiza que ha de sancionarse a aquellas empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña, pero él no quiere cumplir una pena impuesta por el mismo ordenamiento jurídico. Puigdemont se acogió al derecho de la Unión Europea según el cual los Estados miembros han de entregar a un investigado si otro Estado miembro lo reclama mediante una Euroorden, procedimiento más rápido que una extradición. El derecho belga es complejo porque allí también existe un problema territorial. Puigdemont eligió bien dónde huir acogiéndose al derecho de la Unión Europea.
Pues bien, uno de los decretos-ley – también llamado Ley Ómnibus- regula el desembolso para España de fondos de la Unión Europea. Y Puigdemont se niega a convalidar el decreto-ley porque regula una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil nada inocente. Y es que a las leyes Ómnibus las carga el diablo, porque regulan todo lo habido y por haber. Dicen que estos tres decretos parecen tres biblias. 
La reforma que contiene el citado decreto-ley es la posibilidad de que los tribunales españoles puedan elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, paralizándose automáticamente un procedimiento español, por ejemplo, un procedimiento en el que se aplique posibles leyes de amnistía. De ahí la alusión a las zanahorias y a los chantajes que Carles ha publicado. El Real Decreto-Ley que contiene la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia viene con tropezón amargo dentro del bizcocho. 
Por cierto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pone a disposición de los Estados un considerable volumen de recursos económicos en forma de ayudas y de préstamos, para impulsar inversiones de modernización en claves verde y digital. España se encuentra en la Unión Europea, los fondos se ejecutan por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales. Luego no resulta ortodoxo preconizar la inaplicación de dicho Plan porque ello supone el incumplimiento de la normativa europea, lo que denota desconocimiento del suelo jurídico que pisamos: el derecho comunitario. 
El president no puede ampararse en el derecho comunitario para impedir ser juzgado en España y, al mismo tiempo, negarse a que el Estado español trasponga las directivas europeas que son de obligado cumplimiento. La Unión Europea se funda en la libertad de mercado como pilar fundamental. Puigdemont, pisotea el derecho comunitario cuando exige sancionar a las empresas que trasladaron su sede. En definitiva, Carles Puigdemont pretende imponer sanciones cuando él no aguanta una pena.