Septiembre comienza con intensidad en el Ayuntamiento de la capital: obras de peatonalización, ordenanzas fiscales, presupuestos, oferta de empleo, aparcamientos disuasorios del Parque y del Auditorium, etc. Cañizares ha recargado las pilas a sus concejales y les ha puesto deberes.
La anterior Corporación baso su estrategia urbana en el Plan de Modernización 2025. Obviamente, no ha resuelto ninguno de los problemas de la ciudad, ni de estética, ni de diseño, y, aún menos de planificación, negándose, reiteradamente, a una revisión del PGOU. El plan de modernización de 2025, propuesto por el PSOE fue una presentación de PowerPoint, elaborada deprisa y corriendo, sin dotación presupuestaria, para ser presentado por García-Page en enero de 2018 y que solo pretendía justificar la falta de inversiones en la capital por parte de la región.  
Lo único de relevancia que se está ejecutando de ese plan de 2025 es la reutilización de un edificio provincial, el antiguo Hospital del Carmen, para convertirlo en sede de los servicios administrativos de la propia Junta, un proyecto contestado por parte del comercio del centro de la ciudad y que después de las nuevas peatonalizaciones volverá a resurgir la polémica de su idoneidad. El otro gran proyecto del plan de 2025, este ya ejecutado, fueron los pabellones feriales del IFEDI propiedad de la Diputación. Es decir, el grueso de las inversiones previstas para la modernización de la ciudad por la Junta fueron destinadas a la propia reorganización de los servicios administrativos y las inversiones comprometidas por la Diputación, igualmente, fueron a parar al pabellón ferial, que también es uno de sus propios edificios. El Plan de 2025 de modernización consistía, fundamentalmente, en contabilizar las inversiones de ambas administraciones en sus propios edificios, incluidos los de la de la vieja Cruz Roja y La Ferroviaria.
Como ha quedado patente, ocho años después, estaba lejos de ser un plan que sirviese para definir el modelo de ciudad.  Ahora bien, no parece tampoco que la actual Corporación apueste tampoco por definir un modelo de ciudad y acometer la revisión del PGOU con la participación de todos, por mucho que se pida a voces desde sectores y se necesite con urgencia para algunas zonas de la ciudad y del propio término municipal, más bien, todo apunta a una continuación del actualmente vigente del año 97 con algún retoque puntual. Ya estamos a las puertas de 2025 y ahora el gobierno municipal es del PP y VOX.
Para resituarnos en el área de urbanismo y para entrar en contexto del actual equipo de gobierno conviene recordar que después de las elecciones de mayo de 2023, en octubre del mismo año dimitía el recién nombrado concejal de Urbanismo, Óscar Ruiz, solo cinco meses después de tomar posesión. Ruiz presento su dimisión y sus funciones fueron asignadas a la concejala Yolanda Torres, que tiene que repartir su tiempo entre el urbanismo y la promoción económica de la ciudad. De entrada, la asignación de funciones a una concejalía, ya de por sí importante para la ciudad, como es la promoción económica, daba las primeras pistas de que el urbanismo y el diseño de la ciudad no sería el área destacada de Cañizares tal y como sucedió en la anterior corporación. No obstante, aun compartiendo tiempo y responsabilidades en áreas tan dispares, Yolanda Torres aprobó con nota en junio, el último curso, en el área de urbanismo.
Solo ocho meses después de ser nombrada como concejala de Urbanismo presentó, sin estridencias y discretamente, un nuevo plan estratégico de reducción de tiempos para una de las áreas de su competencia, que tiene un largo título, pero que, en definitiva, es una propuesta para la mejora de la gestión administrativa del departamento de urbanismo. Todo ello, después de una larga burocratización del área y de acumularse retrasos en los expedientes. A la presentación del plan le siguieron diversas reuniones para explicarlo directamente a los profesionales y empresarios afectados durante años. Tendremos que esperar para ver la aplicación práctica de este manual de gestión.
Se ha dado el primer paso para mejorar la gestión del área de urbanismo con el plan de simplificación administrativa, que no deja de ser una regulación interna, pero ahora toca marcar los objetivos urbanísticos de la ciudad y establecer las líneas firmes de trabajo para que no se cometan errores que hipotequen el futuro de la capital, tal y como sucedió, por ejemplo, con la falta de suelo asequible  para vivienda del actual PGOU y que trajo consigo el traslado a la periferia urbana, a los pueblos, de toda la nueva construcción. El suelo para vivienda sigue siendo, en estos momentos, una necesidad mayor que la de hace 25 años.
Igualmente, a día de hoy,  la ciudad tiene expedientes sobre la mesa que afectan a nuestro futuro más inmediato como la resucitación, por parte del juez de lo mercantil, del antiguo Reino de Don Quijote, donde pretende vender terrenos para crear un nuevo núcleo de población de 5.500 viviendas a más de seis kilómetros de la ciudad, con la única necesidad  de obtener fondos para el concurso de acreedores en beneficio de los afectados y de los administradores concursales, sin valorar que, el suelo residencial de ese convenio urbanístico solo tenían objeto dentro del marco del proyecto global del Reino. Una decisión sobre un expediente judicial, de marcado carácter económico, no puede definir el futuro de la ciudad.
Incluso, el propio Aeropuerto de Ciudad Real, adjudicado por el mismo juez a un empresario moroso, que sigue sin presentar la obligada modificación del PSI del aeropuerto para adaptarlo al Plan Director, aprobado por AENA, definiendo las condiciones del suelo de uso industrial aeroportuario, y, que también es un suelo industrial de la ciudad, es motivo de revisión en un nuevo PGOU.
Todo ello sin olvidar, en lado opuesto del término municipal, la necesidad de estudiar y definir la conurbación de Ciudad Real-Miguelturra, municipio vecino que nos afecta más día a día.
Estos son solo tres ejemplos de la necesidad de modificar y adaptar el PGOU para evitar las decisiones de otras administraciones o empresas en decisiones y actuaciones que puedan afectar al urbanismo y futuro de la capital escapando al control directo del Ayuntamiento sobre su término municipal. Estos y muchos otros temas urbanos no mencionados hoy, pero largamente comentados en otros artículos anteriores de La Tribuna, justifican la necesidad de abordar el futuro urbanístico de la ciudad durante el actual curso.