«Un fantasma recorre Europa: el fantasma de la indignación». Esa era una de las afirmaciones nucleares del panfleto colectivo y anónimo, ¡Enrabiaos! (2011), que en buena parte bebía de la pieza de 2010 de Stéphen Hessel -uno de los redactores, en 1948 de la Declaración de Derechos Humanos-, Indignados, que fijaba su conclusión con la llamada a todos esos indignados contemporáneos. «Convoquemos una verdadera insurrección pacífica contra los medios de comunicación de masas que no propongan como horizonte para nuestra juventud otras cosas que no sean el consumo en masa, el desprecio hacia los más débiles y hacia la cultura, la amnesia generalizada y la competición excesiva de todos contra todos».
Quizás hoy, Hessel, introduciría en ese horizonte de indignación -que dio lugar al movimiento en España del 15-M y, más tarde a la experiencia fallida de Podemos en 2014- el problema de la vivienda en Europa y, particularmente en España. Relación de textos polémicos que tuvo entre nosotros un añadido en 2011, llamado ¡Insolventes! Que ahora sí que alude a cierta condición de incapacidad cierta y real, para hacer frente a un pago o a una adquisición material. Sobre todo, si esa insolvencia es inmobiliaria, se traducirá en una imposibilidad para solucionar el acceso a la vivienda, en cualquiera de sus modalidades, como derecho fundamental de los ciudadanos. Un problema el de la vivienda, que no es nuevo ni se ha sabido abordar -no solo desde la crisis inmobiliaria-financiera de 2008-, sino con anterioridad como puede observarse desde la desaparición del parque de viviendas públicas y desde la atonía inversora de la vivienda social, que compone sólo un 2% del parque total de viviendas.
Digo todo esto, tras la secuencia de concentraciones el pasado día 13, en Madrid y Barcelona en pro de la vivienda, que bien se podían haber hecho extensivas a tantos puntos de la nación con similares problemas. Situación que ha merecido el severo editorial de El País del mismo día 13, Un derecho que no se cumple. en alusión al proclamado artículo 47 del texto constitucional y su afirmación del "derecho a la vivienda digna  de todos los españoles". Incluso el citado periódico ha publicado un cuaderno complementario en su edición dominical, denominado Vivienda. La gran crisis, más lleno de interrogantes que de respuestas. Entre otras, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación? Y sobre todo ¿Dónde están las responsabilidades? Por tanto, abandono constitucional que conduce a 3,8 millones de viviendas vacías y a otros tantos millones de demandantes de un alojamiento fantasma.