Algo no funciona adecuadamente en la capital, los taxistas se cabrean con la Administración regional por otorgar nuevas licencias de VTC (alquiler de vehículos con conductor) y los usuarios se cabrean con los taxistas porque el servicio que quieren y demandan no cumple sus expectativas. Pero, no es solo en la capital, el problema del transporte urbano e interurbano en la comarca de Ciudad Real es muy deficiente. Los ayuntamientos, responsables directos de otorgar las licencias de taxi, mantienen una ordenanza local que normalmente está pensada más para regular los aspectos de la concesión que para los derechos de los usuarios y/o clientes. 
La posibilidad de disponer de un taxi a determinadas horas se convierte en una odisea, según qué hora del día, por exceso de demanda de usuarios o por falta de taxis. Hay usuarios que se quejan de esperar 45 minutos un taxi y tener que desistir. Hay paradas que nunca tienen taxi y puntos clave como el AVE que a determinadas horas no existe el servicio. Ciudad Real tiene capacidad para un máximo de 51 licencias de taxis. Todos ellas para pequeños empresarios que se autoorganizan para prestar servicio durante el día y la noche, descansando reglamentariamente cuando les indica la ordenanza, para atender la demanda de la capital, independientemente de que funcionen otros transportes públicos como el autobús. Cada pueblo cercano a la capital tiene su propio servicio de taxis y además existen líneas de transporte interurbano que conectan la capital.  
Es necesario buscar un equilibrio en el transporte urbano de la ciudad que pueda compaginar los distintos servicios públicos y privados y mejorar la prestación que reciben los ciudadanos: El taxi, los vehículos de VTC y el autobús urbano. Los horarios en la prestación de los servicios, la población de 76.000 habitantes y la flotante, más los pueblos de la periferia y la configuración geográfica de la ciudad con los anejos, son los elementos con los que hacer el diseño del transporte de la capital y comarca. Es necesario pensar en un área de transporte más amplia que la propia capital para resolver el problema y para crear esa área de transporte tienen que ponerse de acuerdo las distintas administraciones.
La diferencia entre contratar un taxi o un VTC está en que para los segundos es necesario dirigirse a una empresa, vía internet o telefónicamente, y la empresa envía el vehículo asignado con una hoja de ruta a recoger al cliente y lo lleva a su destino. Su tarifa está sujeta solo a la oferta y demanda y no es el caso de Ciudad Real porque no existe. El taxi se puede coger en una parada o bien circulando por la vía pública (tampoco es el caso de Ciudad Real) y se le puede llamar a un teléfono público, tienen una tarifa de precios regulada y está obligado a contar con un taxímetro. El primero se regula mediante autorización administrativa de la Comunidad Autónoma y, una vez concedida, por las reglas de mercado y de la competencia y, el segundo, mediante una ordenanza publica de carácter local.
Las restricciones en la concesión municipal de las licencias de taxi y su régimen de transmisibilidad han generado unas expectativas en el negocio de los taxistas que hace difícil conciliar la convivencia de los dos tipos de transporte, especialmente de los VTC en las ciudades, pero especialmente en poblaciones de tamaño medio como Ciudad Real. El mayor hándicap para la convivencia de ambos reside en la expectativa del taxista de poder transmitir su negocio a un tercero por una importante suma de dinero que le pueda servir para su jubilación o para iniciar otro negocio basado en que existe una licencia en exclusiva por cada 1.500 habitantes o fracción. Fondo de comercio. Las concesiones de nuevas licencias, de una u otra clase, devalúan la expectativa a futuro del taxista.
En el caso de la ordenanza de Ciudad Real, contienen 106 artículos, 8 disposiciones transitorias y 7 anexos, y solo uno, el artículo 80, dedicado a los derechos de los usuarios del taxi. Esto ya da una idea general de la importancia que tienen los clientes de este servicio público que depende administrativamente del Ayuntamiento. Ya, de entrada, la palabra usuario utilizada por la ordenanza es un término poco empático y que contrasta de manera notoria con los derechos de un cliente. Quizás, eliminando y desterrando la palabra usuario de la ordenanza y sustituyéndola por la de cliente, el cambio comportaría una nueva filosofía del servicio. 
En conclusión, tenemos una licencia de taxi por cada 1.500 habitantes en la capital; una población de 76.000 habitantes, pero estamos dentro de un área cercana a los 200.000; autobuses interurbanos con pequeñas distancias con paradas locales como los de Miguelturra-Ciudad Real; autobuses interurbanos con escasas frecuencias horarias en el resto de pueblos que conforman el área de transporte colindante a la capital; no tenemos VTC; un servicio local de autobuses que atiende a barrios, pero que resulta caro y poco eficiente para los anejos; un servicio de taxis en la capital que no satisface y no es capaz de atender todas las demandas; taxis en los pequeños municipios  que viven del transporte interurbano con la capital y tres administraciones con responsabilidad en la organización del transporte.  
Es necesario que ambas administraciones, regional y local, definan un plan de transporte para seguir avanzando. Una tarea más del Ayuntamiento de la capital y del consejero de Fomento para con esta capital y su comarca, sin olvidarse de la Diputación, que también tiene un papel relevante.