La Audiencia Provincial ha absuelto a los empresarios Enrique y Luis Martínez Madero de los delitos de estafa continuada y falsificación de documento mercantil y oficial, con los que habrían provocado un perjuicio económico a la entidad bancaria Caja Rural de Ciudad Real, después Globalcaja, de más de 30 millones de euros, durante los años 2009 y 2012, según las tesis de la Fiscalía y de la acusación particular. 

En su sentencia, comunicada ayer a las partes y a la que tenía acceso La Tribuna, el Tribunal, presidido por el magistrado Ignacio Escribano, absuelve a los dos hermanos, que se enfrentaban a penas de ocho años de prisión, según la petición de la acusación particular, y de cuatro años y medio de cárcel, según la solicitud del fiscal, además del pago en concepto de responsabilidad civil de 30,7 millones de euros. 

En cuanto a la acusación de falsedad de documento mercantil, la sentencia argumenta que durante las sesiones del juicio, la acusación no acreditó la falsedad de las facturas a las que se hace referencia en su denuncia, «dejando un resultado muy abierto hasta el punto que presenta como verosímil las tesis de las defensas». Además, estima que cuando los empresarios informaron a los representantes de Globalcaja de la necesidad de plantear la refinanciación de su deuda por la existencia de unos «activos tóxicos», esto no se puede equiparar a reconocer la falsedad de facturas, y todo ello en un contexto económico muy complicado para las empresas, con continuos impagos y quitas en sus trabajos. «Ni un activo tóxico equivale a una factura, ni las manifestaciones de los librados -empresas para las que trabajaron los hermanos Martínez y de las que supuestamente no cobraron- refuerzan la tesis falsaria, no solo porque no han venido al plenario a ratificar las conversaciones telefónicas mantenidas (...), sino porque desde luego son parte interesada», reza la sentencia.

Además, se hace referencia al concurso de acreedores de las empresas de los acusados, Sistemas Martínez SL, Saobsa y Servi-Agro, en el que quedaban exculpados de cualquier responsabilidad por mala gestión o por desvío de capitales.

También se les absuelve del delito de falsedad en documento oficial al haber quedado acreditado en la prueba testifical que la resolución de la subvención de la Junta aportada por los empresarios a Globalcaja no era falsa, pese a que en ella figuraba una cantidad mayor de la que realmente había cobrado desde la Consejería.

La sentencia declara las costas procesales de oficio, pese a que Juan Manuel Lumbreras, abogado de Luis Martínez, había solicitado en sus conclusiones que corrieran a cargo del banco por temeridad y mala fe en el proceso, algo que el Tribunal no ha compartido.