Hace justo tres años –el 29 de octubre de 2021– escribía en el digital de Toledo Hombre de palo, la pieza Urbanismo volcánico, dando cuenta de la catástrofe y sus consecuencias –que aún no han cicatrizado del todo– de la isla de La Palma, erupción volcánica de Cumbre Vieja mediante. Allí retomaba la anotación de Elsa Fernández Santos, en su artículo de ICON, La lava del turismo, que dejaba ver que «nuestro pasado de desvergonzada y destructiva (anti) planificación turística es una de las señas de identidad de un mapa cuya belleza ha sido explotada hasta convertir el paisaje en un enjambre de paraísos perdidos que no tuvieron la protección que merecían. Canarias es un doloroso ejemplo de la barbarie urbanística que hemos heredado».  Anti-planificación turística y también anti-planificación territorial, urbanística e hidrológica, como si el proceso abierto entre 1956 y 1963 –Ley de régimen del suelo y ordenación urbana, primero, y, luego, Ley de Centros y Zonas de interés turístico, hubieran liberalizado el suelo de todo el litoral español a efectos edificatorios. 
Hoy, tres años después y con el despliegue catastrófico de la DANA del 29 de octubre de 2024, sobre Valencia, Cuenca y Málaga, podríamos formularnos la pregunta correspondiente de las relaciones sobrevenidas –y no resueltas con justeza y propiedad– entre la planificación territorial y urbanística y las periódicas catástrofes hidráulicas. Sobrevenidas éstas, no sólo por el paradigma del cambio climático, y por la descoordinación administrativa en los avisos meteorológicos y la lenta intervención en la política de aguas, sino por la aplicación de modelos territoriales y urbanísticos que se asientan en el territorio ignorando las realidades físicas, hidrológicas y topográficas y que producen severas consecuencias a lo largo del tiempo. De ello dan cuenta tanto las infraestructuras lineales – trincheras de ferrocarril y taludes de autovías y carreteras– actuantes como barreras reales ante crecidas e inundaciones, como las edificaciones situadas en zonas inundables – que alcanzan el millón de unidades en toda España–. Entre el modelo de crecimiento diseminado –el 50% de la población de Chiva, uno de los municipios más afectados, se desenvuelve en esa modalidad intensiva en el consumo de suelo– y la ocupación del dominio público hidráulico, desaparecen las llanuras de inundación. Entre otras razones, como las esgrimidas por el decano de los arquitectos de Valencia, Salvador Lara. «Esas ciudades que se han anegado ahora están construidas sobre agua ganada», que es tanto como decir en zonas inundables y propensas a las acometidas cuando falta la regulación de presas y embalses. Cuando falta la planificación.