Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio contra los hermanos empresarios Luis y Enrique Martínez, acusados de un delito continuado de estafa con falsedad en documento mercantil y otro delito de falsedad en documento oficial, por los que el Ministerio Fiscal pide para ambos una pena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización vía responsabilidad civil de casi 30,7 millones de euros a favor de la entidad bancaria supuestamente estafada mediante la falsificación de facturas, Globalcaja. Los hechos juzgados se remontan a los años entre 2009 y 2012, cuando el banco era aún Caja Rural de Ciudad Real. Un juicio que tiene previsto extenderse durante toda la semana y en el que irán desfilando por la silla de los testigos representantes legales de las empresas que los acusados subcontrataron y a nombre de las cuales estaban emitidas las facturas en cuestión.

Durante esta primera jornada de la vista oral, tanto Luis como Enrique Martínez han negado de manera tajante tener conocimiento alguno de que sus empresas utilizaran facturas falsas para justificar ante Caja Rural los diversos productos financieros y líneas de descuento que tenían abiertos con esta entidad. Del mismo modo, también han negado haber falsificado una resolución emitida por la Dirección General de Incentivación Empresarial de la Junta de Comunidades, sobre una subvención por un importe de 134.127 euros, cuyo documento habrían manipulado, según la acusación, para elevar esa cantidad a 268.254 euros, la original concedida por la administración antes de reducirla al dejar de cumplir el solicitante con uno de los requisitos. Un documento que los acusados habrían aportado a Caja Rural para que la entidad les anticipara ese importe.

Luis y Enrique Martínez eran administradores mercantiles de las empresas Servi-Agro Obras y Servicios Alternativos SL, Sistemas Martínez SL y Saobsa Maquinaria SL, actualmente en concurso de acreedores. "Nunca, ni una sola vez" se falsificaron facturas, ha afirmado Luis Martínez, mientras que su hermano sostenía que "todas las obras que se contrataron entonces las ejecutamos, aunque en muchos casos no las cobramos al completo", por lo que ambos rechazaban la acusación de haber endosado facturas al banco sobre servicios contratados con terceras empresas "inexistentes", según el fiscal. Todo ello en un contexto de grave crisis económica en el que el retraso de los pagos en el sector de la construcción era tónica habitual.

El fiscal y los abogados de la acusación particular atienden el testimonio de los acusados. - Foto: Rueda Villaverde

Se da la circunstancia de que los dos acusados son nietos de Luis Martínez, quien fuera precisamente fundador de Caja Rural de Ciudad Real y presidente de la misma, además de alcalde de Ciudad Real. Del mismo modo, su padre también fue un empleado de alto rango de la entidad, en concreto, asesor jurídico. Un parentesco que la defensa ha utilizado como argumento para insinuar que la denuncia formulada por Globalcaja contra ellos obedecía a su intento de "tapar una práctica bancaria ilegal que estaba siendo hecha por Caja Rural para ocultar los problemas económicos que tenía durante su fusión con Caja de Albacete y Caja de Toledo", en palabras de Juan Manuel Lumbreras, abogado de Luis Martínez, a la hora de formular una pregunta a la que su representado respondía con un escueto "creo que sí".

Tanto Luis como Enrique Martínez se acogían a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular.

Juan Manuel Lumbreras, abogado de uno de los acusados, con gesto pensativo. - Foto: Rueda Villaverde

"Jamás me había encontrado con deudores en estos términos"

En esta primera jornada del juicio oral también ha testificado la representante legal de Globalcaja y persona que se encargó de investigar la veracidad o no de las facturas en cuestión, así como de ese documento oficial emitido por la Junta de Comunidades supuestamente manipulado para que reflejara una subvención mayor de la realmente concedida. La abogada reconocía que "jamás me había encontrado con deudores en estos términos", en referencia al calificativo de 'activos tóxicos' que los mismos empresarios emplearon, y que definieron en una reunión con miembros de Globalcaja como "créditos de dudoso cobro o difícil recuperación".

Ante esta situación, la integrante del Departamento de Riesgos del banco inició una investigación y se puso en contacto con las empresas que figuraban en las facturas en cuestión, respondiendo todas de un modo similar, "que no les constaban esas facturas, que no aparecían en su contabilidad, por lo que eran falsas". Todo ello pese a que las empresas de los acusados aportaron a Caja Rural correos electrónicos y certificados de esas empresas subcontratadas dando veracidad a los servicios realizados, "pero eran falsos, incluso en algún certificado aparecía un apellido mal escrito". Algunas de estas facturas estaban emitidas a nombre de los librados Grupo Innova, Isolux, Corsan Corviam, Obratel y varias UTE.

Algo similar hicieron, según el testimonio de la representante legal de Globalcaja, con ese documento oficial de la Junta de Comunidades sobre la subvención concedida. "Acudí al registro y el funcionario me enseño el documento original, con la cantidad de 134.127 euros y un párrafo en el que explicaba que la subvención se modificaba a la baja" por no cumplir con uno de los requisitos, relacionado con el número mínimo de empleados. "Comparados el documento oficial y el que nos dieron a nosotros, aparentemente eran iguales, pero en el nuestro habían hecho desaparecer el párrafo explicativo de la reducción de la subvención, y de alguna forma habían modificado la cantidad en cuestión, figurando 268.254 euros", explicaba la trabajadora de Globalcaja, quien además añadía que también habían modificado el número de cuenta de domiciliación, y que además habían presentado una solicitud de anulación de la cesión a terceros del derecho de cobro de la subvención, con el objetivo de que ese dinero no pudiera ser ingresado por la entidad bancaria, pese a haberles adelantado esa cantidad.

La representante legal de Globalcaja informaba también ante el tribunal que de los más de 30 millones de euros que supuestamente los encausados estafaron al banco, éste sólo ha podido recuperar 900 mil euros, correspondientes al préstamo hipotecario concedido para una nave industrial en Torralba de Calatrava, dentro del concurso de acreedores.