El proceso de conversión de Aguas de Alcázar de una sociedad pública a una empresa de capital mixto vivió en la jornada de ayer su capítulo más sonado, dentro del tira y afloja que protagonizan desde hace meses el equipo de Gobierno alcazareño, que mantiene que la conversión es la mejor solución para una empresa «en causa de disolución», y la Plataforma por la defensa del Agua, a cuya causa se han sumado grupos políticos como el PSOE e Izquierda Unida. Durante todo el día de ayer, el Ayuntamiento alcazareño fue el escenario de una protesta que arrancó con una treintena de personas ocupando el Salón de Plenos, y finalizó con una cantidad similar de gente pasando la noche en las dependencias municipales. Por momentos, el encierro llegó a alcanzar los dos centenares de personas.
Las reivindicaciones que enarbolan desde el sector que se opone a la semiprivatización de Aguas de Alcázar se resumen ya en una sola: quieren una consulta pública. Argumentan su petición en las más de 11.000 firmas que han logrado reunir en las últimas semanas, «más de los votos que sacó el equipo de Gobierno en Alcázar», asegura Isidoro Salcedo, uno de los portavoces de la plataforma. Quieren, además, que esa consulta pública se trate en un pleno de carácter extraordinario. Las conversaciones con el equipo de Gobierno han fijado el futuro de esa consulta al pueblo: se tratará en un pleno, pero de carácter ordinario, y no se celebrará.
Encierro de la Plataforma en defensa del agua de Alcazar - Foto: /Fotos Rueda Villaverde El equipo de Gobierno se ha comprometido a llevar al pleno ordinario de la semana que viene la cuestión popular. «Será el Pleno el que decida si se celebra o no esa consulta», explica Diego Ortega, el alcalde alcazareño, a La Tribuna. El resultado se puede adivinar, ya que el propio Ortega confirma que el equipo de Gobierno en bloque se opondrá a esa consulta (11 votos sumados por PP y CxA), por lo que los diez votos del PSOE no lograrán sacarla adelante.
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