Los actuales administradores del aeropuerto Central de Ciudad Real han declarado «fortuito» el concurso de acreedores de la sociedad CRAeropuertos y eximen así de responsabilidades a los promotores y dueños de la infraestructura aeroportuaria por no haber declarado el concurso de forma voluntaria por la insolvencia y la deuda de la sociedad que alcanzó los 319 millones de euros. En su informe, al que ha tenido acceso este diario, apuntan a la inexistencia de una «hipotética relación de causalidad entre la falta de solicitud de concurso voluntario en el plazo legal» y no ven dolo o culpa gravae en la causación de la agravación de la insolvencia». Ésta es la principal conclusión a la que han llegado los administradores en la pieza de calificación que han presentado al Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº4 de Ciudad Real.

La administración concursal considera que los principales factores que llevaron a la declaración del concurso de acreedores necesario el 1 de junio de 2010, a instancias de los acreedores Cajastur y Montreal, fueron: la inadecuada dimensión del aeropuerto; la falta de planificación financiera; el retraso en la entrada de funcionamiento y la falta de ingresos y ventas, como ya apuntaron en el informe provisional de los propios concursales cuando se hicieron cargo de la concursada. 

Adicionalmente, los administradores han tenido en cuenta también que la actividad de CRAeropuertos se ha «desarrollado en un ámbito especialmente complicado de la actividad económica, como es la construcción y explotación de un aeropuerto internacional» en un contexto económico complicado de crisis. Y agregan que esta actividad puede considerarse «pionera», pues según recuerdan los administradores «era la primera vez que en España empresarios privados crean y hacen operativo un aeropuerto internacional, careciendo por ello de cualquier precedente que pudiera serviles de guía u orientación». 

Además, en el inicio de su escrito, los concursales hacen constar que en la sección de calificación han comparecido 19 acreedores y «ninguno ha puesto en conocimiento hecho alguno» sobre la actuación de los dueños y socios de CRAeropuertos por la insolvencia que incluso datan más allá de lo investigado, es decir, dos años antes de la declaración del concurso:«Tiene su génesis claramente antes del 1 de junio de 2008», aclaran. Todas estas circunstancias «no se deben a la actuación dolosa» de los propietarios o apoderados del aeropuerto, concluyen. 

Respecto del incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso voluntario, la administración judicial recuerda que la insolvencia de la sociedad CRAeropuertos se localizó de una «forma significativa durante el primer trimestre de 2009» pero que aún así y pese a la solicitud de concurso necesario de Montreal «no hay relación de causalidad» entre el incumplimiento formal de la obligación de solicitar el concurso voluntario y la insolvencia.

En el escrito, resaltan que un hipotético retraso en la declaración de concurso no hubiera incrementado «per se» las obligaciones que la concursada se ha visto obligada a asumir, pues de una manera u otra, los promotores quisieron mantener operativo el aeropuerto y que los créditos generados a partir de la fecha hipotética de concurso hubieran sido los mismos, es decir, gastos derivados del funcionamiento, conservación y mantenimiento de la infraestructura. 

Aunque no se solicitó el concurso, los socios «efectuaron ciertos esfuerzos para recapitalizar la sociedad». Así, la Junta General de Accionistas acordó el 5 de junio de 2009 la undécima ampliación de capital por valor de 720 millones de euros que finalmente se quedó en casi 5 millones de euros pero que «mejoró en cierta medida la situación» de las cuentas. 

Los administradores resaltan en el escrito la colaboración de todos los empleados y socios a la hora de facilitar información, así como la correcta formulación de cuentas en los distintos registros y auditorías. El aeropuerto está cerrado desde mayo de 2012 y apenas una docena de empleados trabaja en las instalaciones.