La huelga de examinadores de Tráfico que comenzó a en el ámbito estatal el pasado 14 de septiembre, ha provocado que unos 800 aspirantes a examinarse no lo hayan podido hacerlo en Ciudad Real, según indicó ayer el presidente provincial de CSI·F, Rafael Céspedes, durante la concentración de delegados de este sindicato y examinadores de tráfico a las puertas de la DGT en Ciudad Real.

Céspedes insistió en la falta de personal como uno de los principales motivos de esta huelga, que se mantiene «ante la ausencia total de negociaciones», dijo, y que está convocada por  el sindicato CSI·F, junto con la CGT, y que está siendo secundada por la Asociación de Examinadores de Tráfico y el sindicato USO, en las tres últimas horas de la jornada laboral, y que ha causado ya que 35.000 aspirantes a examinarse no lo hayan podido hacer en el conjunto del país.

La pérdida general de derechos sociales, económicos y laborales en Tráfico ha conducido, según Céspedes, «a un deterioro progresivo de los servicios demandados por los ciudadanos y empresas intermediarias, en  especial, las pruebas para la obtención del permiso de conducir», al mismo tiempo que anunciaba que ha remitido escritos a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Subdelegación del Gobierno «por el trato injusto e inconstitucional con el que la Administración aborda este problema,  al insistir los responsables en obligar a los huelguistas a desplazarse en el horario que está convocada legalmente la huelga». De esta forma, el sindicato CSI·F ha promovido una denuncia a la Inspección Provincial de Trabajo «por vulneración del derecho de huelga».

Otros motivos que mantienen a los examinadores en huelga son la falta de protección a la integridad física de los examinadores; la sobrecarga de trabajo en exámenes «que no se corresponde con los estándares de calidad, al límite del horario de trabajo y sin respetar los tiempos de descanso»; o la ausencia de una reestructuración del colectivo de examinadores, con la creación de una escala profesional técnica de seguridad vial. Esa escala, según el sindicato, debería conllevar la convocatoria de oposiciones propias lo que garantizaría la profesionalidad de estos funcionarios para evaluar a los ciudadanos con objetividad.

Para CSI·F, la entrega in situ del resultado del examen es fundamental y reivindica que esta entrega sea diferida para acabar con la principal fuente de conflictos y agresiones y la oferta de horas incentivadas fuera de la jornada laboral se haga con el fin de mantener los niveles de trabajo controlados y que no causen problemas en la ciudadanía ni en las empresas de formación.