Los vecinos de La Pedregosa, afectados por una resolución judicial de derribo, vuelven a tener encima la espada de Damocles. Están recibiendo nuevamente, tras «años» sin hacerlo, cartas de los tribunales con «órdenes de desalojo y demolición», para lo cual se les concede el plazo de «un mes». Las comunicaciones están llegando en estas últimas semanas y en algunos casos, a los vecinos que ya han apelado, «ahora les llega la desestimación de esas alegaciones», informó a este diario Juan Francisco Lozano, uno de los 21 vecinos afectados y quien ha venido ejerciendo como portavoz.
Explica que el problema actual está en que el Ayuntamiento no ha puesto solución a una situación que se comprometió a solventar hace años, en concreto, en la legislatura pasada. Esa solución -relató- constaba de tres pasos: la desafección de los terrenos, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y el archivo de la causa. El primero de ellos se llevó a cabo, recordó Lozano, poniendo de acuerdo a la comunidad de regantes, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a todos los propietarios o al Ministerio, mientras que es en el segundo punto, el de la modificación del PGOU, «donde se ha atascado el Ayuntamiento», ya que existe un informe técnico que data de «mayo o junio» en el que se indica «que no es viable» llevar a cabo la modificación del plan general de urbanismo. No obstante, este vecino recordó que esta hoja de ruta se acordó en 2017 por el Ayuntamiento y recibió el visto bueno por unanimidad de toda la Corporación municipal.
Sin embargo, habida cuenta de la falta de solución municipal -prosiguió- los tribunales están instando al cumplimiento de las sentencias de demolición que pesan sobre las viviendas, algunas de las cuales son «las únicas residencias» de algunos de los afectados. «Como no se hace esa modificación, llegan nuevamente las órdenes de demolición», detalló.
No obstante, afirmó que hay muchas viviendas que están «en situación irregular» en Ciudad Real. De hecho, comentó que según las estimaciones que tienen habría «unas 1.000 viviendas en el extrarradio y cerca del 80 por ciento de ellas estarían en situación irregular». Y no sólo en la zona del Vicario, dijo, sino también en otras como la carretera de Carrión, la de Miguelturra o La Poblachuela. Por ello, comentó que en el caso de tirar las suyas, «denunciaríamos al Ayuntamiento» por lo que consideran que sería «prevaricación» y «agravio comparativo». «Es más sencillo regularizar estas porque ya están desafectadas, que demoler éstas y 800 más», afirmó, para indicar después que eso «va a evidenciar la situación de descontrol mantenida durante décadas».