Ayer entró en vigor la nueva normativa de registro de viajeros, un Real Decreto que amplía las obligaciones de los alojamientos turísticos en España. Este marco legislativo busca reforzar la seguridad ciudadana mediante un registro más exhaustivo, aunque su aplicación genera controversias en el sector. El Real Decreto 933/2021 establece la obligatoriedad de registrar datos adicionales tanto en las reservas como en el check-in de los viajeros. Esto incluye información detallada como teléfonos, correos electrónicos y relación de parentesco en caso de menores. Los establecimientos deben remitir esta información al Ministerio del Interior en un plazo máximo de 24 horas.
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ciudad Real, Juan Daniel Rubia, asegura que la normativa «complica extraordinariamente la operativa de los alojamientos», especialmente en provincias con hoteles pequeños. «No es viable que asumamos la responsabilidad de verificar datos como direcciones o teléfonos extranjeros, lo que podría desalentar el turismo internacional», lamenta. Desde el hotel NH, explican que ya han actualizado su sistema lector de DNI, pero subrayan que «los clientes podrían negarse a aportar datos como teléfonos o correos electrónicos, complicando aún más la operativa».
Por su parte, el propietario de siete alojamientos rurales en la provincia señala que «el aumento del 350% en los datos exigidos hace inviable su cumplimiento» y cuestiona la utilidad de registrar información no contrastable. «Estamos ante un sistema que colapsará con facilidad, como ya ocurrió esta mañana con la plataforma», afirma. Añade también que «el delincuente ya sabe cómo funciona esto, se le ha dado demasiado bombo». El sector también critica la imposición de este marco regulador mediante Real Decreto, en lugar de una ley consensuada. Rubia advierte que la percepción de inseguridad podría desviar turistas hacia otros destinos europeos con requisitos menos restrictivos.
Con sanciones previstas por incumplimiento, los hosteleros buscan soluciones técnicas que alivien la carga administrativa. No obstante, la sensación general es de incertidumbre y rechazo ante una normativa que consideran desproporcionada y sin una utilidad real:«El registro debe constar de datos básicos, fiables y contrastables», sentencia el propietario rural.