Visto para sentencia el juicio contra los empresarios de Ciudad Real, Luis y Enrique Martínez, acusados de haber estafado a Caja Rural, después Globalcaja, con facturas irreales y de haber falsificado la resolución de una subvención de la Junta de Comunidades a su favor, con el objetivo de obtener crédito adelantado por parte del banco. En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal rebajaba su petición de pena al no dar por probado que fueron autores de un delito de falsificación de documento oficial, en referencia a esa resolución de la Junta. Además, pedía al tribunal que tuviera en cuenta los atenuantes de dilación indebida del procedimiento judicial (ha pasado una década desde que se iniciara en 2013), así como el contexto de complicada situación económica por la que atravesaban muchas empresas, sobre todo del sector de la construcción, en aquellos años de crisis, entre 2009 y 2012. De este modo, el fiscal solicitaba una disminución de condena de ocho a cuatro años y medio de cárcel, además del pago en concepto de responsabilidad civil de 30,7 millones de euros. Sin embargo, la acusación particular ha mantenido los delitos de estafa continuada, falsedad de documento mercantil y falsedad de documento oficial, al considerar probados los hechos imputados a los dos acusados, lo que conllevaría una pena de ocho años de prisión.

Libre absolución

Por su parte, las defensas de los investigados han solicitado la libre absolución de ambos y, en el caso del letrado Juan Manuel Lumbreras, representante legal de Luis Martínez, también ha pedido al tribunal que las costas judiciales sean a cargo de Globalcaja, entidad a la que acusaba directamente de haber "manipulado" a los dos empresarios y de haber intentado "engañar" a toda la sala, actuando "de mala fe", evitando la aportación a la causa de pruebas tan determinantes como las propias facturas supuestamente falsas, o no citando a declarar a testigos clave. Y todo ello, afirmaba con contundencia, como consecuencia de una estrategia para ocultar una forma de proceder "negligente", con estos y otros clientes, que en su momento perseguía mejorar los números y la imagen de la entonces Caja Rural de Ciudad Real de cara al Banco de España en pleno proceso de fusión con las cajas de Albacete y Toledo, del que saldría como resultante la actual Globalcaja. "Realizaban descuentos sucesivos de facturas, renovándolas hasta ocho y diez veces, algo que está prohibido por el Banco de España, y de esta forma también cobraban el 6% de intereses por cada aplazamiento", explicaba el abogado de la defensa. Por ello, según su tesis, cuando ya se había consumado la fusión bancaria, interpusieron la querella contra los acusados "para preservar la actuación negligente de los empleados de Caja Rural de Ciudad Real, con el fin de engañar al Banco de España para salvaguardar sus propios intereses". "No hubo facturas falsas, sino facturas aplazadas que se correspondían con trabajos que sí habían realizado las empresas de nuestros representados", resumía Lumbreras.

Por su parte, el abogado del otro acusado, el letrado Carlos Saiz, aseguraba que en este largo procedimiento judicial "sólo se ha bebido de los documentos que ha aportado Globalcaja de forma interesada", que sólo intentaba con su querella "justificar la negligencia durante cuatro años" de su proceder con estos clientes, concediendo el aplazamiento de sus facturas una y otra vez, pese a contar con un sistema de control de riesgos estructurado y profesional. "¿Dónde están esas facturas falsas? Han tenido cinco años de instrucción y no se han encontrado", apuntaba el abogado de Enrique Martínez, que acusaba a la entidad bancaria de haber aportado a la causa solo "una documentación sesgada", subrayando la imposibilidad de que los imputados presentaran su propia documentación porque las cuatro empresas de las que eran administradores (Sistemas Martínez SL, Servi-Agro SL, Saobsa SL y la patrimonial Berreta & Luxarreta) habían cedido todo su soporte documental en el procedimiento concursal del que fueron objeto.

Los dos abogados defensores recordaron al tribunal que sus clientes se arruinaron en aquella época, con impagos muy importantes de empresas para las que trabajaron, como los 22 millones de euros que les dejó a deber Isolux, hecho que les llevó a tener que negociar con Globalcaja un plan de refinanciación. Además, subrayaban que en los procesos concursales de sus empresas, y que se resolvieron los cuatro como 'fortuitos' (sin responsabilidad negativa de los administradores), no hubo ningún desvío patrimonial fuera del concurso.

Las acusaciones

Los miembros del tribunal tendrán que decidir ahora si dan credibilidad a la versión de la defensa o a la de la acusación, que en esta última jornada del juicio volvió a dar por probado que los acusados intentaron engañar a la entidad bancaria aportando facturas falsas. Según esta parte, los dos empresarios desplegaron un plan para engañar al banco, en un contexto de crisis, acudiendo a un mecanismo "fraudulento" para obtener financiación de Caja Rural. El letrado de la acusación particular, José Antonio Jiménez, subrayaba que "se crearon documentos que no existían que se introdujeron en el tráfico mercantil", como así considera que quedó probado con los testimonios de los testigos de las dos únicas empresas, de las que supuestamente procedían esas facturas falsas, que acudieron a la citación judicial, Isolux Corsán y Obratel, que aportaron "pruebas contundentes y claras". Además, el letrado exponía que el proceder del aplazamiento continuo de las facturas era una "mecánica habitual y única" en aquella época de crisis por parte de todos los bancos.

Por último, la acusación particular mantenía la petición de condena por delito de falsedad de documento oficial al dar por probado que los acusados "pintaron" una resolución de la Junta para que el banco les adelantara una cantidad mayor (268.254 euros) del dinero realmente concedido (134.127 euros).