Tras la suspensión de la segunda sesión por la incomparecencia total de testigos, esta mañana se reanudaba el juicio contra los dos empresarios acusados de delitos de estafa y falsedad documental con los que, supuestamente, habrían estafado a Caja Rural de Ciudad Real, después Globalcaja, en una cuantía cifrada en más de 30 millones de euros. Delitos por los que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión, además del abono de esa misma cantidad a la entidad bancaria en concepto de indemnización por responsabilidad civil.

Hoy han testificado, entre otros, altos cargos de la caja, como Miguel Ángel Calama, el que fuera director general del banco durante gran parte de la época de la que datan los hechos denunciados, entre los años 2009 y 2012, así como el presidente, Luis Díaz Zarco. Ambos, desde sus diferentes responsabilidades, ha negado tener constancia de que la entidad estuviera aceptando facturas falsas por parte de las empresas de los que los acusados, los hermanos Luis y Enrique Martínez, eran administradores. Además, han defendido que en ningún momento éstos recibieron un trato de favor por tratarse de los nietos del fundador y primer presidente de Caja Rural. "No hubo ningún trato de favor por ser los nietos, todo lo contrario. Con ellos se aplicó el protocolo habitual se que utiliza con todos los clientes", afirmaba el ex director general de Globalcaja. "Se les trató como a otro cliente cualquiera", coincidía Díaz Zarco.

Ambos explicaron en la sala la estructura que velaba por la seguridad de las operaciones del banco, que contaba con cuatro niveles, dependiendo el montante del crédito solicitado: oficina de clientes, unidad de empresas, comité de riesgos y comisión ejecutiva, siento en este último peldaño donde se daba el visto bueno a las diferentes operaciones. En este sentido, Miguel Ángel Calama subrayaba que durante el tiempo en el que él fue director general de Globalcaja (hasta septiembre de 2011), todas las inspecciones a las que fue sometida la entidad por parte del Banco de España fueron plenamente satisfactorias, justificando que el aplazamiento en el cobro de facturas era una práctica habitual en la banca en un contexto de grave crisis económica.

Luis Díaz Zarco, expresidente de Globalcaja, durante su declaración. - Foto: M. E.

También testificaba Javier Blasco, director de riesgos de Globalcaja en aquella época. Calificó a las empresas de los dos imputados como "un cliente habitual con garantías", al tratarse de un grupo empresarial "con mucha actividad y con librados de entidad", como era el caso de Isolux-Corsam Corvian u Obratel. En la línea de los que fueron sus superiores, Blasco defendía a preguntas de las partes que las operaciones con las tres empresas de los acusados, Sistemas Martínez SL (SIMA), Servi-Agro SL y Saobsa Maquinaria SL, se aprobaban después de pasar por el protocolo de riesgos del banco, aceptando las garantías que éstos les presentaban para justificar las cantidades adelantadas: la factura con la cantidad económica en cuestión, con el sello de la empresa a la que se le había hecho el trabajo, y un correo electrónico de ésta confirmando su veracidad: "Eso nos daba garantías suficientes", insistía.

Primeras sospechas

Sin embargo, según relataba, en enero de 2013 mantuvo una reunión con los dos empresarios en la que le solicitaron refinanciar el acuerdo, y ahí es cuando le reconocieron que de los 25 millones de euros que habían dejado de cobrar de sus librados, 10 millones presentaban un riesgo convencional o de cobro "dudoso", mientras que 15 millones eran de "riesgo tóxico", o dicho de otro modo, "incobrables". "Ahí empecé a dudar, por lo que nos pusimos en contacto con las empresas que habían emitido esas facturas, pero la contestación que obtuvimos por parte de ellas fue siempre la misma, o que no existían las facturas, que no les constaban o que directamente eran falsas", relataba Javier Blasco. En este momento de su declaración, Juan Manuel Lumbreras, abogado de uno de los acusados, recordó al representante de Globalcaja que la empresa que mayor agujero provocó en las cuentas del grupo empresarial de los hermanos Martínez fue Isolux-Corsam Corvian, con más de 24 millones de euros impagados, precisamente no llegó a contestar en el proceso de investigación de la caja. Sin embargo, Blasco defendía que las facturas de Isolux sólo suponían el 50% de las contempladas en la denuncia, y que del otro 50% sí obtuvieron eras respuestas apuntando a su falsedad.

El fiscal y la acusación particular, durante la vista oral. - Foto: Rueda Villaverde

Encogimiento de hombros

En una segunda reunión con los dos empresarios, los representantes de Globalcaja les advirtieron del resultado de sus investigaciones, haciéndoles ver que ya eran conscientes de que todas esas facturas eran falsas, ante lo que reaccionaron "con encogimiento de hombros y respondiendo generalidades", según el testimonio de Javier Blasco. Hubo una tercera reunión, tras la cual se procedía a iniciar el proceso judicial contra sus clientes. Blasco también añadía que de todas esas facturas "tóxicas" no se llegó a lograr cobrar nada, y que el único dinero que pudo recuperar Globalcaja de sus operaciones de crédito con los dos encausados fue la ejecución de la hipoteca de una nave industrial ubicada en Torralba de Calatrava, con un montante de 935.000 euros.

Otro de los interrogatorios que marcaba esta tercera sesión era el de Fernando Pérez Ruibal, administrador concursal responsable de la liquidación de las tres empresas de las que eran administradores los acusados, SIMA, Servi-Agro y Saobsa, en un procedimiento "de complejidad increíble", con una situación técnica y financiera que era "un desastre". Sin embargo, Pérez Ruibal ensalzó la colaboración en este proceso concursal de los dos empresarios, sin el cual "no lo hubiéramos podido llevar a cabo". Además, ratificaba que no observó que ninguno de ellos hubiera desviado ninguna cantidad económica ni bien material hacia su patrimonio personal.

Subvención de la Junta

Uno de los delitos de los que se acusa a los dos empresarios es el de falsedad en documento oficial, al haber manipulado, supuestamente, una resolución de subvención de la Dirección General de Incentivación Empresarial de la Junta de Comunidades, con el objetivo de ingresar 268.254 euros en vez de los realmente concedidos, 134.127 euros. En este sentido, el director de riesgos de Globalcaja sostenía que falsificaron esa resolución oficial, con la que habrían engañado a la entidad para que les adelantara una cantidad mayor a la realmente aprobada. Sin embargo, en su declaración por videoconferencia, el funcionario de la Junta que elaboró esa comunicación oficial explicaba que no hubo ningún documento duplicado ni falsificado, sino que se trató de dos resoluciones diferentes emitidas el mismo día. Una afirmación que llevaba al magistrado presidente de la sala a citarle el próximo lunes para que argumente esa aseveración de manera presencial y con la documentación necesaria.

También testificaba Sebastián Ruiz, gerente de SIMA, empresa principal de los hermanos Luis y Enrique Martínez. Confirmó que en esos años, de 2009 a 2012, "se perdió mucho dinero" por los impagos y las quitas en los trabajos que realizaban para sus empresas libradas, aunque dejaba claro que todas las obras para las que fueron contratados se ejecutaron. Además, respondía tajante que "nunca recibí órdenes para aumentar el precio de la obra ni certifiqué obras que no se hubieran ejecutado".

El juicio proseguirá este viernes en la Audiencia Provincial.