Estar en el Gobierno no es lo mismo que gobernar. Acorralado por los casos de corrupción y por la precariedad parlamentaria que deposita su continuidad en La Moncloa en manos de los partidos minoritarios del bloque que se formó para la investidura, Pedro Sánchez está sujeto a constantes cesiones que han convertido el Congreso en una suerte de almoneda en la que el Ejecutivo se va desprendiendo de los activos más diversos.
Un día negocia un acuerdo con ERC para ceder a Cataluña la gestión de la fiscalidad hasta ahora competencia exclusiva estatal a través de la Agencia Tributaria (el "cupo" catalán ); otro, en ciernes, ceder también a Cataluña el control de la política en materia de emigración exigencia de Junts (Puigdemont); otro día fue la retirada de las competencias de la Guardia Civil en materia de Tráfico en Navarra (exigencia de Bildu); antes había sido la entrega al gobierno de Vitoria (PNV) de la administración de las instituciones penitenciarias en el País Vasco.
Y en esa dinámica estamos en vísperas de nuevas y dislocadas cesiones a cuenta de la negociación para conseguir aprobar el proyecto de Presupuestos, concebidos como la tabla de salvación de la legislatura por un Pedro Sánchez que se sabe acorralado por los casos de corrupción. Máxime tras conocerse el auto del juez del Supremo Ángel Hurtado, que el próximo día 29 de este mes ha citado como investigado al fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz) por el presunto delito de revelación de secretos a raíz de la filtración de correos electrónicos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Dicho auto apunta a una operación de "clara finalidad política" y señala a La Moncloa como actor relevante en la filtración reseñando que desde la Presidencia del Gobierno se hicieron "gestiones " para que los correos acabaran publicados en algunos medios.
¿Qué más tiene que pasar para que el presidente del Gobierno asuma que la única salida decorosa que le queda es convocar elecciones y dejar que sean los ciudadanos quienes decidan la salida al lodazal político en el que nos encontramos? Es la pregunta que se haría cualquier político responsable obligado a colocar el interés del país por encima de sus intereses personales. La pregunta, de momento no tiene respuesta. Sánchez, sigue.