España ha pasado, en poco tiempo, de ser un país altamente centralizado a situarse entre los más descentralizados del mundo. El proceso de descentralización, con sus luces y sus sombras, ha sido complejo en la transición de un sistema político autoritario a otro constitucional y democrático donde el Estado de las Autonomías se constituye como pilar fundamental del edificio institucional del Estado. Y difícilmente se puede consolidar un Estado de esta naturaleza sin un esquema financiero suficiente, equitativo y solidario a nivel territorial.

La reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) debería haberse abordado en 2014, según mandato expreso de la Ley 22/2009, pero seguimos esperando. Esta revisión necesita de la implicación de todas las administraciones y de todos los partidos. Técnicamente, debería ser un debate sosegado. Políticamente, amenaza con conflictos territoriales y promete capitalizar gran parte de la acción de gobierno en los próximos meses. Reformar la financiación autonómica es lo más parecido a un pacto de Estado entre todos los agentes involucrados, territorios y partidos políticos. Hace falta poner más dinero sobre la mesa y, sobre todo, buscar consensos sobre una serie de principios que ahora mismo no están claros. El sistema tendrá que ser un acuerdo institucional, por encima de los partidos, con el límite obvio de la Constitución y ajeno a planteamiento maximalistas y relaciones bilaterales de alguna Comunidad.

La equidad y la nivelación interterritorial son las áreas más complejas del sistema de financiación. En particular, el consenso político a la hora de decidir si la nivelación debe aplicarse de manera plena o parcial, constituye un punto crucial de cara a las negociaciones de reforma del sistema, siempre y cuando se acepte una evolución natural del actual modelo financiero del Estado constitucional. En él se conjugan distintos criterios de equidad fiscal territorial e intereses particulares de cada CC.AA., que poco tienen que ver con la ideología política del color del gobierno autonómico de turno y mucho con los intereses de la región. La nivelación acaba significando reparto de fondos para hacer políticas económicas y sociales en cada territorio, y eso conlleva ganadores y perdedores, que pueden serlo en términos absolutos o relativos. De lo que se trata, por tanto, es de entender donde se encuentran los principales problemas en este frente y las implicaciones de las diversas soluciones, siempre bajo la idea de que nuestra Comunidad ha sido una de las peor tratadas en el actual SFA

Desde la perspectiva de Castilla-La Mancha, debemos defender el consenso constitucional que dio pie al actual SFA, soportado por el título VIII de la Constitución vigente. Un sistema basado en relaciones multilaterales como proyecto integrador de País y donde los criterios de equidad y redistribución personal e interterritorial deben primar. Como Comunidad, nos interesa un sistema de nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las CC.AA. para prestar un mismo nivel de servicios públicos. La idea de la nivelación plena es la que se adoptó en el inicio del proceso de descentralización en España, cuando se asumió de manera natural que cada servicio descentralizado debería ir acompañado de la financiación necesaria para cubrir el coste efectivo; y que la autonomía política y el autogobierno deberían coexistir con la capacidad de ofrecer servicios públicos similares en toda España, manteniendo la igualdad en el esfuerzo fiscal realizado por los ciudadanos, punto clave este para nuestra Comunidad al disponer de una escasa capacidad fiscal relativa.

Algunos datos agregados pueden darnos una idea de la necesidad de una reforma financiera para Castilla-La Mancha. Según la última liquidación del SFA correspondiente a 2022, nuestra comunidad tiene una financiación efectiva para competencias homogéneas por habitante ajustado de 3.193€, lo que supone un déficit de financiación de 172€ por habitante ajustado respecto a la media del conjunto de las CC.AA (3.365€). Si esto lo elevamos a valores absolutos, significa que, teniendo en cuenta la población de C-LM, el déficit financiero sería del orden 365 millones de € anuales. Un dato comparativo: el presupuesto de la Universidad regional en 2022 fue de 278 millones de €. Si la comparación se realiza con la Comunidad mejor financiada (La Rioja), las diferencias de financiación son siderales: 761€ por habitante, y 1.616 m€ si se asignase a C-LM la misma financiación por habitante que a La Rioja (3.954€). Si extrapolamos este dato anual al período de diez años desde el momento en que debería haberse revisado el modelo, podemos confirmar que la infrafinanciación de C-LM podría acercarse  a los 3.000 millones de €. Si consideramos que la deuda acumulada en el 2T24 es de 16.523 m€, de los que 13.168 son con el Estado, una condonación de Deuda de CLM de entre el 18 y el 20% estaría justificada exclusivamente por la infrafinanciación del SFA para nuestra Comunidad, aunque hay otros motivos adicionales. Son datos muy agregados, que necesitan depuración, pero son comprensibles por todos los públicos y ponen de manifiesto que Comunidades como Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha están infra financiadas en el modelo actual y que necesitan de una revisión integral para converger con la media en financiación per cápita.

En este contexto, y como complemento, se puede ver que es determinante para estas comunidades el diseño y puesta en marcha de un programa creíble de reestructuración o de condonación de la deuda pública autonómica en manos del Estado. Este programa debería estar ligado a una condicionalidad estricta, ponderando especialmente la infrafinanciación relativa de las CC.AA. A partir de un modelo financiero equilibrado y con un saneamiento justo y razonable de la deuda pública autonómica, se debe exigir una aplicación de una política fiscal sostenible y una gestión eficiente de los recursos públicos.