La felicidad nunca es completa, pero algo es algo. Que la principal crítica del PP sea subrayar que el plan del Gobierno para responder a la guerra arancelaria desatada por Donald Trump se encuentra en estado "embrionario" y que mantiene "la mano tendida" al Ejecutivo, a la espera de más concreciones sobre las decisiones que será preciso adoptar para defender a los sectores productivos españoles afectados por la iniciativa del presidente estadounidense, abre un escenario político inédito desde que Pedro Sánchez habita en la Moncloa.

En esta ocasión el Gobierno ha actuado con mucha diligencia y los anuncios realizados por el presidente del Gobierno tras conocer el alcance de las medidas de Trump se han cumplido a las pocas horas. Sánchez anunció que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reuniría con todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y horas después se produjo el encuentro con el responsable de Economía del PP, Juan Bravo. En esta ocasión, la reunión no estuvo cronometrada, fue amplia y el portavoz popular no dijo aquello de que no sabía a qué había acudido, sino que reconoció haber recibido una información suficiente sobre los planes del Gobierno. Unos planes que tienen una doble vertiente: la nacional, con las ayudas previstas de 14.100 millones de euros para los sectores más afectados por los aranceles, y la derivada de las negociaciones que lleve a cabo la UE con la Administración estadounidense.

Es decir, más o menos lo que ocurre con la previsión del aumento del gasto en defensa, que está a expensas de los que se decida en Europa, pero en esta ocasión al tratarse directamente de las consecuencias económicas para las empresas y los ciudadanos, el PP embrida sus críticas y se pone en línea con las decisiones de Pedro Sánchez, que también se ha comprometido en trabajar en conjunto con los sectores productivos afectados y con las comunidades autónomas que pueden sufrir en mayor medida el descenso de las exportaciones. La buena sintonía, pese a todo, va acompañada de matizaciones para demostrar que las espadas siguen en alto. Así, el PP se queja de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no estuviera en la reunión, o por el hecho de que de los 14.100 millones de los que podrán disponer las empresas solo 400 sean a fondo perdido, que ya se sabe que a los liberales les gustan tanto las ayudas estatales como rechazan las subidas de impuestos que las sufragan.   

Por tanto, nada de hacerse más ilusiones de las justas acerca de acuerdos entre gobierno y oposición: los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han dejado plantado al ministro del ramo, Félix Bolaños, en la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebraba en Barcelona para el desarrollo de la nueva ley de eficiencia judicial, tras quejarse de que el Gobierno no iba a hablar de la financiación de su puesta en marcha.

Los estrategas del PP tienen estos días trabajo extra a consecuencia de Trump. No solo porque Pedro Sánchez ha cumplido su palabra de informar de unas decisiones de la máxima importancia económica y social, sino porque tienen que compaginar las críticas a los 'patriotas' de Vox, conniventes con la política arancelaria de Trump con las negociaciones para que el partido de ultraderecha acabe pactando los presupuestos de las comunidades donde sus votos son imprescindibles.