Después de que el viernes se quedara constituido el jurado popular y de que se leyeran los escritos de calificación provisionales, este lunes se ha celebrado en la Audiencia Provincial la segunda jornada del juicio contra un agente de la Guardia Civil de Almadén y cinco personas más, familiares y conocidos, a las que se les acusa de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad en documento oficial e inducción a estos delitos. Para los seis se piden en total 35 años de prisión, 15 años y medio para el principal acusado, José Luis G. L. G. Son las personas que se sientan en el banquillo tras la instrucción de la denominada 'Operación Cinabrio', llevaba a cabo en el cuartel de Almadén en noviembre de 2021.
Tras la decisión de las partes de acordar que el interrogatorio de los acusados se aplace hasta el último día del procedimiento, este lunes la atención se ha centrado en la exposición de los planteamientos de las acusaciones y de las defensas, y en los testimonios de cuatro de los miembros de la Guardia Civil que intervinieron en el atestado. En su informe inicial, Ángel Rico, letrado que defiende al principal acusado, ha sostenido que su cliente "pudo haber cometido una falta grave, pero no delitos", asegurando que el comportamiento de José Luis G. J. G, también conocido en Almadén como 'el abogado', accediendo al sistema interno de información SIGO de la Guardia Civil, supuestamente para gestiones de índole personal, únicamente podría suponer "una falta grave del régimen disciplinario de la Guardia Civil, merecedora de una sanción administrativa, pero no se le puede acusar de ningún delito". Tampoco del de revelación de secretos, puesto que cuando accedió a SIGO para consultar los antecedentes de un particular, el resultado fue negativo y "no se reveló nada que perjudicara" a esa persona.
Este es uno de los casos de corrupción que se le imputan al principal acusado, por el que habría recibido a cambio un jamón. Un delito de cohecho que habría repetido al aceptar la instalación de una pantalla en su vehículo por elaborar un recurso para exculpar a una persona, también acusada, tras ser sancionada por conducir de manera temeraria un quad y no obedecer la orden de alto de agentes de la Guardia Civil. Del mismo modo, se le acusa de pedir una invitación a una montería a su cuñado, igualmente acusado, a cambio de consultar en SIGO la correcta transferencia de un vehículo que había vendido su hijo. También le habría recompensado otro de los acusados con un "guarrillo" sus gestiones para que finalmente se sobreseyera un expediente sancionador contra un hijo.
Una instrucción "bochornosa"
Por su parte, la defensa de los acusados Eulalio B. S. y Rubén S. R. iba más allá en su planteamiento y se refería a la instrucción llevaba a cabo como "bochornosa", con transcripciones telefónicas parciales y descontextualizadas, y que fue fruto de la "enemistad personal" y con el objetivo final de conseguir ascensos en la Guardia Civil. De hecho, al primero de los testigos, el agente principal instructor del atestado, le llegaba a preguntar cuándo consiguió su ascenso a capitán, insinuando que fue un premio profesional fruto de esta investigación. Por ello, sostenía en la sala que sus representados fueron "víctimas de la instrucción" y que se les trató "como delincuentes, como asesinos".
En su interrogatorio, este capitán de la Guardia Civil explicaba que toda la investigación se iniciaba tras recibir en el cuartel de Almadén una carta anónima de denuncia sobre la manera de proceder de José Luis G. L. G. Una investigación en la que se desveló que el principal acusado "hacía muchas consultas en el sistema SIGO que no tenían justificación policial, realizadas incluso en periodos de vacaciones, fuera de servicio", corroborado todo esto con casi 12.000 comunicaciones telefónicas referidas a situaciones particulares de personas o vehículos. "Lo primero que aparece al acceder a SIGO es una advertencia de que utilizar el sistema para fines que no sean profesionales está penado por la ley", explicaba el secretario del atestado de la instrucción, a preguntas de la fiscal, Gema Romero del Hombrebueno. Además, informaban que en el registro que se realizaba en su domicilio y en el volcado de los datos de su ordenador personal se encontraba una carpeta con varios archivos de recursos contra sanciones de la Guardia Civil.