El proyecto de Ley de Medidas Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos, y creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha ha iniciado este martes su tramitación parlamentaria por vía de urgencia, tras su calificación en la Mesa de las Cortes regionales. Ahora se abre un plazo hasta el 15 de febrero para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas, que más adelante serán debatidas y votadas, junto al conjunto de la iniciativa, en una sesión de la Comisión de Economía y Presupuestos.
Si resulta aprobada –lo que es previsible debido a la mayoría absoluta con la que cuenta el PSOE en el Parlamento–, será la cuarta normativa en ver la luz durante esta legislatura, después de la Ley de Presupuestos de la Junta para 2024, la modificación de la normativa para la designación de representantes al Senado, y el Reglamento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley de Medidas Administrativas, el Gobierno pretende hacer modificaciones que afectan a distintas leyes, entre ellas la que regula las vías pecuarias. Castilla-La Mancha reformó la Ley de Vías Pecuarias hace justo un año, pero ahora se introduce una nueva modificación. Permitirá cambiar los trazados de cañadas y cordeles si es necesario por algún instrumento urbanístico. Eso sí, siempre se garantiza que se mantenga la superficie de vías pecuarias de la región, que globalmente superan los 50.000 hectáreas.
También plantea cambios para detallar más «los umbrales mínimos de inversión y empleo que deben cubrir los proyectos prioritarios que lo soliciten» pensando también en zonas escasamente pobladas. Se exigirá el mantenimiento durante tres años de los compromisos de inversión y empleo.
En lo que concierne a las zonas saturadas de locales de juego, será necesario un informe favorable de la Consejería competente; y sobre urbanismo, el Gobierno hará cambios en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) para los planteamientos urbanísticos en zonas rurales, de modo que se puedan destinar un tercio de las viviendas proyectadas a alojamiento rural.
Asimismo, se va a extender a los convenios con las diputaciones para los fondos europeos Next Generation las mismas condiciones que en otros acuerdos que tiene el Gobierno regional. Se quita el requisito de que tengan que pasar por el Consejo de Gobierno.
Respecto al IPEX, la ley modifica el régimen de suplencia del director de la entidad, que hasta ahora carecía de regulación. Así, en casos de vacante, ausencia o enfermedad será suplido por el titular de la presidencia del Consejo Asesor.