Regresa el polémico canon del agua que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en 2022 pero que tuvo que derogar poco después debido a la situación económica en el país y por la subida de precios, entonces disparada por la guerra en Ucrania. 

Un gravamen muy criticado por el Partido Popular, posicionado en contra  de su aplicación porque cree que esta medida «viene a seguir metiendo la mano en el bolsillo de los castellanomanchegos».

Al respecto, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, lamentó que la oposición no ponga las cosas en su contexto, recordando que se trata de una exigencia de la Unión Europea «que hay que cumplir», aunque aún no se esté aplicando.

Con ello criticó que el presidente autonómico de los populares haga «demagogia una vez más» y no mencione que en otras comunidades y localidades gobernadas por el Partido Popular este canon ya se cobra desde hace tiempo. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía o el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), enumeró. 

Es, por tanto, «una hipocresía y una irresponsabilidad» de la oposición y «engañan a la gente diciendo que ellos, si gobiernan, no suben los impuestos porque sí lo hacen». 

Irá a los municipios. De momento, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no está aplicando el canon del agua, pero Abengózar insistió en que es una exigencia de Bruselas que «tenemos que cumplir». 

No obstante, la socialista recordó que buena parte de lo que se recaude con este impuesto –cuando se aplique– irá destinado al abastecimiento, depuración e infraestructuras de agua de carácter municipal.