Unas 60 personas se concentraron en la puerta de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real para expresar su rechazo al Pacto Europeo de Migración y Asilo, iniciativa apoyada por los grupos Alianza por el Clima, Aministía Internacional, Colectivo Pacifistas Ciudad Real, Delegación de Migraciones de la Diócesis de Ciudad Real, Ecologistas en Acción, Solman y Verdes Equo.
Durante la concentración,se ha procedido a la lectura de un manifiesto con el que han expresado su rechazo a este pacto que, han dicho, "tendrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerras, expolio y genocidios".
El pacto, han asegurado, pretende legalizar "las mayores vulneraciones y represiones" contra estas personas y sus derechos y pretende, por primera vez desde la segunda Guerra Mundial, arrancar la universalidad de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el de asilo.
Imagen de la concentración. - Foto: LT
Las comunidades afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de los derechos humanos, junto con la ciudadanía, han señalado que quieren levantar sus voces "en lucha contra esta nueva realidad que se pretende, llena de sufrimiento humano y vulneraciones de los principales derechos fundamentales y del menor".
Y han apuntado que entre las razones que les lleva a movilizarse está que en el territorio europeo se va a aplicar la llamada 'ficción jurídica de no-entrada', que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio de la Unión Europea, lo que implica que serán detenidas en masa en centros o islas.
La regla se aplica durante el proceso conocido como 'screening', en el que se evalúa hasta siete días a estas personas, lo que supone la recogida de datos biométricos y un análisis de riesgos de seguridad, incluso con menores a partir de seis años, y con posibilidad de uso de la fuerza.
Será para todas las personas que ingresan al territorio europeo, lo que provoca retrasos en el acceso al procedimiento de asilo, un aumento en el uso de la detención en las fronteras y controles raciales una vez dentro del territorio.
Además, se pondrá en marcha el nuevo procedimiento fronterizo acelerado de aplicación obligatoria, que une los procesos de asilo y retorno sin una distinción clara entre ellos, lo que conlleva una evaluación menos individualizada y discriminatoria de las solicitudes de asilo.
De este modo, se podrán rechazar solicitudes si se considera que el solicitante puede encontrar seguridad en otro país o en un zona de otro país, y es obligatorio para ciertas nacionalidades con baja tasa de aceptación de asilo o que supongan "un riesgo de seguridad".
Ante esta situación, estos colectivos han pedido solidaridad y luchar contra estas políticas y pretensiones de la actual Unión Europea.