El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha dictado una sentencia que confirma la legalidad de las actividades cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros. El tribunal ha fallado a favor de un miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC), según ha informado la propia asociación en nota de prensa.
La sentencia, notificada el pasado 8 de enero, establece que mientras la Administración pública no cumpla con las medidas exigidas por la ley para adaptar el Parque Nacional de Cabañeros a las nuevas restricciones, no procede prohibir la caza en este espacio natural protegido.
La sentencia subraya que la Junta de Castilla-La Mancha ha intentado imponer restricciones sin garantizar las indemnizaciones y procedimientos previstos por la normativa vigente, vulnerando así los derechos patrimoniales de los afectados.
Esta resolución, alegan desde la asociación, se suma a otras tres sentencias emitidas por los Juzgados de Toledo que mantienen una "posición unánime" sobre el incumplimiento por parte de la Administración pública de las obligaciones establecidas en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales. Entre estas medidas se encuentran la aprobación de criterios técnicos para la promoción de acuerdos voluntarios con los propietarios afectados, la promoción de dichos acuerdos voluntarios y la expropiación de los derechos afectados, en caso de no alcanzarse un entendimiento entre las partes.
Con esta decisión, la Justicia reitera que la prohibición de la caza impuesta por la Administración pública desde 2020 carece de fundamento legal, al no haberse cumplido los requisitos establecidos en la ley.
"Como dijo la parte recurrente la Sentencia 234/2023 viene a confirmar la tesis de esta representación: las restricciones a los usos y aprovechamientos contenidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 30/2014 no son aplicables en tanto que no se dé cumplimiento por la Administración a las actuaciones exigidas por la DA7 para la adaptación de los Parques Nacionales declarados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/2014 a las disposiciones de la propia norma. Actuaciones que tienen por finalidad indemnizar a los titulares de derechos por las limitaciones impuestas a los aprovechamientos de sus fincas, a saber: (I) elaborar unos criterios técnicos con participación de los propietarios; (II) intentar acuerdos individuales con cada uno de los propietarios afectados; y (III) subsidiariamente a los acuerdos individuales, proceder a la expropiación de los correspondientes derechos", concluye la sentencia, que confirma que no es aplicable la prohibición de la caza en el Parque Nacional de Cabañeros impuesta por la Administración pública desde el 5 de diciembre de 2020.
Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, representa un nuevo varapalo al Gobierno regional y pone de manifiesto la necesidad de una gestión que dé cumplimiento a la ley del Parque Nacional de Cabañeros.
Además, este nuevo revés judicial se suma a las críticas ante el creciente deterioro del Parque Nacional de Cabañeros, un entorno protegido de excepcional valor ecológico debido a su biodiversidad. La situación de emergencia medioambiental ha despertado incluso la preocupación de Bruselas. En noviembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que investigue posibles incumplimientos de las Directivas de Hábitats y Aves en el espacio protegido.
"La situación de Cabañeros, marcada por la inacción de la Administración, ha generado un grave impacto en los ecosistemas del parque. El aumento descontrolado de las poblaciones de ungulados, que alcanza un 250% en los últimos tres años, ha afectado irreversiblemente la flora y fauna protegida, agravando los problemas de erosión y pérdida de cobertura vegetal en hábitats de alto valor ecológico", manifiestan desde la asociación.
La AAPNC ha advertido de que seguirá "defendiendo los intereses de sus miembros y trabajando para garantizar una gestión sostenible y justa del Parque Nacional de Cabañeros, que respete tanto la conservación de su entorno como los derechos de las personas involucradas".