El PP de Ciudad Real ha acordado esta mañana, en su Comité de Dirección, una serie de actuaciones con el objetivo de frenar el canon del agua que el Gobierno regional "quiere cobrar a todos los vecinos de Castilla-La Mancha". El presidente provincial del partido, Miguel Ángel Valverde, y el diputado regional, Santiago Lucas-Torres, han presentado estas acciones que implican mociones a los ayuntamientos y una protesta en Toledo, este jueves, día en que está prevista la aprobación del canon.
Valverde ha explicado que la medida se aprobó en 2022, pero el PP la frenó, aunque el objetivo del Gobierno regional era aprobarla pasadas las elecciones municipales. La propuesta implica "una elevadísima subida de impuestos", que tendrán que cobrar los ayuntamientos, modificando sus ordenanzas, para después trasladar esa cuantía al Gobierno regional. El canon se sumará, dijo Valverde, al pago que ya se hace por el abastecimiento o la depuración, como un impuesto más, que tendrá una parte fija, en función del diámetro del contador y otra variable, en función de la actividad económica.
El diputado regional ha explicado en cifras lo que supondrá el canon, tomando como referencia datos del recibo del agua de Ciudad Real y de su municipio Campo de Criptana. Así ha comentado que "una familia de cuatro miembros pagará 96 euros", una peluquería 232 euros, 242 un bar, un restaurante 650 euros y una bodega unos 1.965 euros, a los que se debe sumar, el pago del alquiler del fijo por el contador, que puede ir de los 6 euros al mes, en los más pequeños a los 170 euros en los de mayor tamaño. Para un Ayuntamiento como Ciudad Real el pago de este canon supondrá unos 473.600 euros, debido al consumo de agua que realiza el Consistorio, mientras que el de Criptana, supondrá unos 88.000 euros. En cuanto a la cuantía a pagar por este impuesto por los vecinos, en Ciudad Real capital, según los cálculos del PP, implicará abonar más de 1,4 millones de euros, tomando como referencia el consumo de agua del año pasado. Para los criptanenses son 248.240 euros.
"Quieren recaudar 38 millones de euros, pero puede llegar a más de 70 millones", ha señalado el presidente del PP provincial, llamando a la unidad de todos los consistorios, pidiendo a los alcaldes, incluso los que no son del PP, a que acudan a esa convocatoria en el Palacio de Fuensalida, para mostrar el desacuerdo con que se cobre ese canon a sus vecinos y empresas. "El PP va a emprender acciones parlamentarias, ya lo está haciendo, y se reserva la posibilidad de presentar acciones judiciales", ha dicho Valverde, como medidas a futuro.
CINCO MENTIRAS
"Esta es la legislatura de los impuestos, empezamos por el de vertido, 10 euros por persona ya y dentro de un año 20 y 30 euros en 2030" a los que se sumará el tratamiento de residuos plásticos al vertedero", dijo Lucas-Torres, que ha calificado este canon como un impuesto con cinco mentiras. La primera es que implicará una inversión en infraestructuras, porque se solicitó en los presupuestos regionales y de 38 millones de euros que se recauden, solo hay cuatro previstos como inversiones. En este punto, ha recordado, que la Junta se ha negado a aportar cuantía al plan contra las fugas en los municipios lanzado por Diputación, por ser "competencia municipal", cuando hay otros proyectos, como planes de empleo, donde las diputaciones sí son solidarias con la Junta, que tiene las competencias de empleo. La segunda mentira es que "esta ley no debería llamarse ley medioambiental", porque buena parte de ella habla de los tributos y las sanciones. La tercera es que es una ley obligatoria, ya que supone trasponer una ley europea del año 2000 y que, por lo tanto, lleva 24 años sin estar activa. La cuarta es que conlleva una "carga fiscal pequeña", algo que con los datos aportados, señalan se ve que no será así. La quinta es que se "van a devolver a los ayuntamientos el 25% de lo cobrado", pero se trata de la búsqueda de una justificación, porque los consistorios sí deberán dedicar ese dinero a mejorar sus redes, mientras que el otro 75% irá a "la faltriquera" de la Junta de Comunidades.
"Si se aprueba el canon el día 14, a los 6 meses en vigor y en septiembre y los ayuntamientos tienen un año para reorganizar sus ordenanzas", explicaron desde el PP, por lo que esta medida podría estar en activo el próximo año.
FUGA DE EMPRESAS
Por último, el PP advirtió que esta ley podría implicar que empresas de Castilla-La Mancha opte por irse a otras regiones donde no se cobre este canon, como Madrid, Extremadura o Castilla y León. "La mayor fábrica de cervezas de lata en España está en Alovera" y esa industria tendrá que pagar "más de un millón de euros" cuando si se fuera a otra comunidad, a pocos kilómetros "no tendrá que pagar", recordaron.