Un ciudadano de origen venezolano se encuentra esta Navidad sin empleo y sin documentación, debido a que no llega a cobrar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) completo por tener una jornada de 20 horas semanales. Se trata de un venezolano que reside en Ciudad Real desde 2016, a donde vino tras el cambio de Gobierno del chavismo, como refugiado, y que tras pasar por los programas de asilo, lleva trabajando desde 2019 en Carrefour. Al renovar los papeles en noviembre tuvo la negativa. 

Se le deniega la renovación del permiso por el artículo 64 del RD 57/2011 que indica que el permiso de residencia se renueva si el salario percibido, con un contrato parcial como el suyo, es «igual o superior al Salario Mínimo Interprofesional para jornada completa y en cómputo anual». Ese 'completa' es la clave, pues es imposible ganar  con un contrato parcial el SMI completo, comenta. Además, recuerda que con los casi 600 euros que cobra al mes supera el 50% del SMI, por una parte y le ha servido para vivir estos años en la capital y enviar dinero a sus hijos, a Sudamérica. 

Cuando recibió la denegación, acudió al Servicio de Orientación Jurídica y Social para Extranjeros (Sojse) del Colegio de Abogados, que ha interpuesto un recurso alegando que supera la mitad del SMI. Igualmente, fue a los sindicatos, quienes le ayudaron a pedir por escrito a su empresa una subida de dos horas semanales para alcanzar el SMI completo y evitar que se le denegara el permiso. Esta carta llevó a su despido, porque ya no tenía permiso. 

El venezolano recuerda que no pudo pedir la nacionalidad hasta hace meses, debido a que le caducó el pasaporte, y tuvo dificultades para renovarlo con el Gobierno venezolano. Si le hubieran renovado, podría ya haber pedido ser nacionalizado como español. En cambio, ha tenido que pedir cita, para el 10 de febrero, para reiniciar el proceso, como si acabara de llegar del extranjero, solicitando un permiso de un año para trabajar, y buscar empleo.  Con su historia, este venezolano reclama que se tenga en cuenta su recorrido vital en Ciudad Real y poner el acento en una ley que considera que tras vivir con 600 euros estos años, ya no le sirve para seguir residiendo en la capital.