Un despiste del juez García Castellón ha dado un vuelco a la causa abierta contra los dirigentes del procés, y cambia de forma total el panorama para Puigdemont, Junqueras y todos los líderes antiespañoles.
El juez García Castellón se retrasó 24 horas en pedir la prórroga para mantener abierta la causa contra el Tsunami Democratic. Un error de gravísimas consecuencias, porque si efectivamente se trata de una organización terrorista en la que tenían papel destacado Puigdemont, Marta Rovira y otros dirigentes de Junts, no se les podría aplicar la ley de amnistía, que excluye los delitos de terrorismo; en el caso de que lograran sortearla, les esperaba el Tribunal de Justicia Europeo, porque para la justicia europea el terrorismo es un delito contra el que no caben indultos ni amnistías.
La Audiencia Nacional, ante la que presentó recurso una de las acusadas, dictaminó que al pedir la prórroga fuera de plazo no se podían tener en consideración las investigaciones sobre Tsunami Democrático después de la fecha marcada, y en el mismo sentido se ha pronunciado el Supremo. Por lo tanto, no pueden utilizarse las pruebas que demostrarían que Tsunami es un grupo terrorista.
Solo se salvaría Carles Puigdemont, porque no ha sido juzgado y, por tanto, tampoco condenado. Pero pesa sobre el prófugo una acusación de malversación, y el juez mantiene la orden de detención. Pero Sánchez está decidido a que ningún malversador pague por su delito. Con la ayuda inestimable del Tribunal Constitucional ha conseguido salvar a la mayoría de los condenados por los ERE, y después seguirán los restantes… y Puigdemont, de ser condenado algún día, también saldrá limpio de polvo y paja. Eso sí, previamente, si llega a España, tendrá que comparecer ante el juez Llarena. Si intenta bloquear esa detención con la ayuda de los mossos, que podrían conducirle a la sede del parlamento catalán, donde no pueden entrar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin autorización de la presidencia parlamentaria, se complicaría la situación. Pero en cuanto pusiera un pie en la calle sería conducido ante el juez y probablemente conducido a prisión. Y amnistiado posteriormente una vez juzgado y condenado.
Es difícil ganar a quien no tiene principios. Sánchez ha cambiado el código penal a conveniencia y ha colocado al frente de las instituciones a personas de su máxima confianza. Conde Pumpido, magistrado de prestigio máximo, ha utilizado los resortes necesarios para actuar a conveniencia del presidente sin saltarse la ley. Y ha tenido la fortuna de que el juez García Castellón, en absoluto cercano al sanchismo, ha tenido un despiste inexplicable.
Están ganando los que quieren romper España. Gracias al rigor con que se aplica la justicia española y gracias a un hombre capaz de ir mucho más allá de lo que puede llegar un gobernante con tal de mantenerse en el poder, hasta el punto de promover leyes exigidas por aquellos a los que se va a aplicar. Solo queda llorar.