Un total de 243.481 personas consiguieron la nacionalidad española por residencia en 2023, un máximo que no se veía desde 2013 y que parece ser el principio del fin del histórico atasco sufrido por ciudadanos extranjeros a la hora de hacer este trámite, para muchos el último de su proceso migratorio. La clave de este acelerón ha sido la incorporación de una nueva tecnología basada en la automatización de procesos robóticos a la hora de revisar expedientes, que permite que los solicitantes que antes esperaban años para recibir la resolución ahora la tengan en pocos meses.

No había una cifra tan alta de concesiones desde 2013 (261.295) y, desde entonces, ha habido otros picos como en 2019 o 2021, resultado de algunos planes de choque temporales llevados a cabo por Justicia para impulsar las concesiones, básicamente reforzando el personal.

Pero el Ministerio que dirige Félix Bolaños parece haber dado con la fórmula definitiva para agilizar este proceso: «El secreto está en la robotización», señala la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Ester Pérez.

Los robots comprueban ahora los documentos que acreditan que el solicitante cumple los requisitos exigidos, como el plazo de residencia en España (que varía en función del caso), haber superado unas pruebas de idioma e integración y no contar con antecedentes penales ni informes policiales negativos.

Esta tecnología ha permitido incrementar el ritmo de resoluciones, ya que, como apunta Pérez, «las máquinas no se cansan». Además, es más preciso y riguroso, evitando  errores humanos que antes se cometían, como escribir mal el nombre de una persona para comprobar sus datos, y previene el fraude.

Según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el grupo más numeroso de los que consiguieron la nacionalidad en 2023 es el de mujeres de entre 35 y 49 años, y los países de origen más frecuentes, Marruecos (45.799), Venezuela (36.409) y Colombia (20.380).

La gran mayoría de los nuevos nacionalizados por residencia (130.128) son personas originarias  de países iberoamericanos, así como de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes, para los que el plazo de residencia exigido son dos años.

Sinónimo de «tranquilidad»

Uno de ellos es la venezolana Lladitza Alvarado, quien a sus 65 años y después de esperar casi dos años desde que solicitó la nacionalidad ya había perdido la esperanza.

«Yo creía que no me la darían, por la edad y porque, trabajando como cuidadora que ganaba apenas 800 euros, yo pensaba 'es muy poco lo que yo le doy al Estado, no es beneficioso para él, pensarán que soy una carga'», relata.

Hasta que un buen día de 2023 recibió el sí: «Me siento con más estabilidad y muy feliz de pertenecer a España», explica. Además, como española de pleno derecho, el pasado mes de diciembre pudo por fin viajar a Miami para visitar a su nieta, a la que hacía casi una década  que no veía.

Ahora trabaja limpiando portales por las mañanas y como repartidora de comida a domicilio por las tardes, algo que seguirá haciendo «hasta que el cuerpo aguante».

«Estabilidad» y «tranquilidad» también son las palabras que más repite su compatriota Gerson Alexandrick Mejías, que llegó a España en 2017, consiguió asilo por razones humanitarias y recibió finalmente hace un mes la resolución que confirmaba que su nacionalidad había sido concedida después de solo cinco meses.

«Me siento con un poco más de tranquilidad, que era lo que buscaba», asegura este joven de 32 años que celebra que no tendrá que renovar sus papeles cada año.

Lo ha hecho por él y para que pueda acceder a ello algún día su hija, que con cinco años fue diagnosticada de leucemia, «un capítulo viejo y quemado» gracias al tratamiento que recibió en el Hospital Niño Jesús de Madrid.

'Sí' en unos meses

En despachos de abogados especializados en Extranjería, como es el caso de Parainmigrantes, también han notado un cambio drástico en los plazos a la hora de llevar a cabo este trámite, como afirma Vicente Marín, uno de sus letrados.

«Antiguamente se manejaban plazos de tres o cuatro años fácilmente y en algunos casos era más grave... Hoy estamos dentro de los plazos legales, de un año, y muchos expedientes se resuelven en bastante menos», asevera esta experto en leyes con más de 25 años de experiencia en el área.

Este cambio ha provocado que en despachos como el suyo se hayan terminado los «miles de recursos» que antes se presentaban cuando los plazos se prolongaban más de lo debido, pero aún así Marín no considera que se pueda hablar del fin del «atasco» que siempre ha habido a la hora de conseguir la resolución.

Según datos de Justicia, a 30 de junio de 2024 había 203.674 expedientes pendientes de resolver: la gran mayoría son de los últimos años pero también los hay que esperan desde hace casi 10 (282 desde 2015).

Shakira Palacios, de la asesoría Emigrando, también ha visto cómo sus clientes han pasado de esperar entre dos años y dos años y medio a conseguirlo en hasta dos meses, y celebra que a diferencia de los anteriores planes de choque, este sea un cambio que perdure.

«Antes se cometían errores que hacía que hubiera muchos requerimientos, lo que atrasaba mucho los expedientes porque los funcionarios (contratados de forma extraordinaria para reforzar la plantilla) no estaban completamente formados», explica.