Con el futuro del expresident prófugo Carles Puigdemont aún en el aire, a la espera de que se resuelvan sus recursos para que se le aplique o no la ley de amnistía, JxCat encara un nuevo curso político plagado de desafíos. Una vuelta a la actividad parlamentaria marcada por su intención de celebrar un congreso el fin de semana del 26 y 27 de octubre, en el séptimo aniversario de la declaración unilateral de independencia, un cónclave en el que tendrá que definir cuál será su hoja de ruta en lo venidero. Lo hará sumido en la paradoja que lo domina tras las últimas citas electorales: su poder institucional toca fondo pero tiene en su mano la llave de la gobernabilidad en España y la permanencia de Pedro Sánchez en Mocloa.
Los planes de los neoconvergentes -segunda fuerza en el Parlament, con 35 diputados, por detrás de los 42 del PSC- pasaban por forzar una repetición de los comicios que le permitiera mejorar resultados, pero, una vez truncadas sus esperanzas tras la investidura de Salvador Illa, su maquinaria se activa ahora para lograr otro objetivo: instalar el relato de que es la «única alternativa» al Govern «españolista» de los socialistas.
Su narrativa consiste en degradar a ERC como formación que se ha autoexpulsado del bloque independentista y en presentarse como «frente patriótico» para seducir a votantes desengañados con los republicanos y al electorado secesionista que, harto de peleas, se abstuvo en las últimas elecciones.
Los de Puigdemont, percibidos aún como herederos del espacio ideológico del centroderecha que en su día encarnó Convergència, quieren abrirse a sectores más amplios para convertirse en la «gran fuerza central» y transversal del separatismo, aunque sigue habiendo una pugna latente entre sectores puramente «octubristas», que reivindican la vigencia del 1-O, y voces más pragmáticas de tradición convergente.
Aislamiento político
Si el reto es consolidar su hegemonía dentro del independentismo devorando parte del espacio que ocupaba ERC, el riesgo que afronta Junts es sumirse en un aislamiento político en su momento de menor poder institucional.
No gobierna en la Generalitat, no tiene la Alcaldía de Barcelona, tampoco manda en las diputaciones de Barcelona, Tarragona y Lérida, y solo dispone de la Presidencia del Parlament, con Josep Rull.
Illa podría estar tentado de jugar a la geometría variable y buscar pactos con ellos, pero el presidente del grupo de JxCat en la Cámara catalana, Albert Batet, ya le advirtió de que no cuente con ellos: para singularizarse como «única alternativa» al PSC, los de Puigdemont necesitan hacer una oposición sin matices, aunque ello puede condenarlos a un aislamiento político aún mayor que podría lastras sus futuros resultados en las próximas citas con las urnas.
Además, en el plano nacional, si hasta ahora Junts le ha hecho sudar al Gobierno de Pedro Sánchez cada votación en el Congreso, la exigencia va a seguir siendo elevada, al menos mientras Puigdemont siga sin poder beneficiarse de la ley de amnistía.
Los neoconvergentes instan al Ejecutivo central a tomar la iniciativa para cuadrar a los jueces que, como aseguran, «prevarican» al negarse a aplicar el perdón, por lo que, cuando después de vacaciones se retomen las reuniones con un mediador internacional, insistirán al PSOE en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado actúen para hacer cumplir la norma.
Este asunto puede condicionar el voto de Junts a los próximos Presupuestos Generales del Estado, lo que abre otro debate dentro del partido: si tensa aún más la cuerda con Sánchez, puede seguir arrancando compromisos al socialista, pero si la cuerda se rompe y acaba provocando nuevos comicios en España, el electorado podría responsabilizarlos de facilitar que el PP pueda llegar a la Moncloa.
Bastón de mando
¿Abandonará Puigdemont su acta de diputado, como prometió hacer en campaña si no lograba ser investido president? ¿Atenderá a quienes le animan a recuperar el bastón de mando del partido, ahora en manos de Laura Borràs? Su encaje orgánico en Junts -actualmente carece de cargo interno- será una de las claves a resolver en el congreso.
Su retorno fugaz a Barcelona el día de la investidura de Illa y su posterior huida, burlando a los Mossos para evitar ser detenido, desconcertó a muchos diputados de Junts, cogió a contrapié a Rull y generó un debate soterrado sobre si había valido la pena salpicar la reputación de la Policía catalana con una demostración de escapismo.
Y es que, aunque el expresident prófugo es el mayor activo de Junts, dada la polarización que genera, también puede ser una losa que aleje a su formación de la centralidad y que le imponga un techo a su crecimiento, aunque, a juzgar por las palabras del secretario general del partido, Jordi Turull, Puigdemont no solo no piensa retirarse de la primera línea política, sino que seguirá jugando un papel «muy principal», condicionado, eso sí, a otra incógnita por despejar: ¿logrará que los tribunales le apliquen finalmente la amnistía o seguirá moviendo los hilos desde Waterloo?