Los diputados populares por Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, se han dirigido al Ministerio del Interior para conseguir "una información completa sobre las previsiones de mantenimiento y reforma de instalaciones, y sobre el estado de ejecución de las ya aprobadas, en todos los cuarteles de la Guardia Civil y comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de la Provincia de Ciudad Real". Piden, además, "información contable y presupuestaria ante reformas y gastos comprometidos y no ejecutados".

"Las personas residentes en Ciudad Real observan con asombro el hecho de que varios representantes del Gobierno Central en la comunidad autónoma y la provincia pregonen supuestas inversiones en materia de seguridad centrándose en apuntes contables, al tiempo que perciben con sus propios ojos el lamentable estado de las infraestructuras afectas a la prestación de los servicios", declaran. 

Señalan que la mayor parte de los cuarteles y comisarias, "con décadas de antigüedad, aguardan con paciencia que se concreten promesas incumplidas o directamente aparcadas durante los últimos cinco años de gestión del Ministerio del Interior", y aseguran que "la distracción que suponen ciertas consignaciones presupuestarias para redacción de proyectos o estudios previos ya no engañan ni a los agentes ni a los usuarios de estas infraestructuras, que piden la ejecución de reformas, y especialmente, la renovación profunda de inmuebles arcaicos, que impiden la prestación de un servicio de calidad y el desempeño de una actividad imprescindible en un ambiente de salud laboral", han aseverado los parlamentarios del PP. 

Subrayan, por último, "la desatención personal que revela el señor ministro del Interior en lo que se refiere a las inversiones de medios y efectivos, lo que ha sido causa de recientes tragedias. Si es cierto, como sostiene este responsable y corea todo el aparato afecto a las consignas del actual Gobierno en la provincia, que la situación económica es espectacular y que los indicadores van como una moto, no se sabe bien la causa que permite seguir aplazando la construcción o profunda reforma de las infraestructuras al servicio de la seguridad y la protección de los derechos y libertades", han concluido.