2023 sigue marcado por la violencia de género, con un repunte de las víctimas mortales, pero también con un aumento de las denuncias y de las víctimas de la violencia de género. En concreto, los juzgados de la provincia de Ciudad Real han registrado el mayor número de ciudadrealeñas víctimas de la historia, con 509 mujeres que han señalado hechos ocurridos entre julio y septiembre. Se trata de un triste récord, que por ponerlo en perspectiva, supera las cifras que hubo tras la pandemia, en el verano de la reapertura, cuando hubo 478 víctimas en la provincia, contabilizando aquellas que esperaron a que finalizara el confinamiento para interponer las denuncias. De estas mujeres, 387 son españolas y 122 de nacionalidad extranjera. Solo hubo 15 que se acogió a su dispensa para no declarar, 12 españolas, suponen menos del 3 por ciento del total.

De las 509 denuncias efectuadas este verano, la mayoría ocurrieron por la propia víctima. 353, pero destaca el número de intervenciones policiales que ocasionaron la apertura de un atestado policial, 64, la mayor cifra de los últimos años. Igualmente, hay un repunte de las denuncias efectuadas por familiares, 29, o las 20 que ocurrieron por otros servicios públicos, como los sanitarios, por ejemplo. Estos dos últimos datos muestran una mayor vigilancia de la violencia en la provincia. 

Pese al récord de denuncias, el dato provincial de víctimas se encuentra por debajo de la media nacional, con 20,5 víctimas por cada 10.000 mujeres, cuando la media nacional se sitúa en 21,4, aunque la cifra es la mayor de las provincias de Castilla-La Mancha. Cuenca es la que tiene el menor dato, con 14,9 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Ante las denuncias de este verano se solicitaron en la provincia 152 medidas de protección, de las que se concedieron 121, principalmente órdenes de alejamiento y de comunicación con la víctima.

Respecto a los agresores, según los datos del Consejo general del poder Judicial se enjuiciaron a 113 personas, con 111 condenados y solo dos absoluciones. El dato implica una ratio de condenas de la más alta de España, 98,2 por ciento, cuatro puntos superior a la media.