La Comisión Europea ha invitado este lunes a los Estados miembro afectados por la prohibición de pescar en aguas francesas para proteger a los delfines a recurrir a la financiación de la UE para compensar las pérdidas sufridas por los pescadores que ya no puedan acceder a su caladero debido, entre los que se encuentra España.

La prohibición anunciada por Francia, que estará en vigor durante un mes, entre el 22 de enero y el 20 de febrero, afectará al caldero del Golfo de Vizcaya y a la pesca de especies como la merluza, el rape o el gallo.

Bruselas ha recordado que medidas de urgencia como la adoptada por las autoridades francesas son prerrogativas de los Estados miembro y se congratula de que Francia recurra a los instrumentos que ofrece la Política Pesquera Común (PPC) para proteger eficazmente estas especies, según han explicado fuentes comunitarias a Europa Press.

En virtud del reglamento de la PPC, ante la evidencia de una amenaza grave para la conservación de los recursos biológicos marinos o para el ecosistema marino relacionada con las actividades pesqueras en aguas bajo la soberanía o jurisdicción de un Estado miembro que requiera una acción inmediata, el país en cuestión puede adoptar medidas de emergencia, que pueden afectar a los buques pesqueros de otros Estados vecinos, por un período máximo de tres meses.

En este sentido, fuentes comunitarias han señalado que los Estados miembro afectados, como es el caso de España, podrán recurrir a la financiación de la UE para compensar las pérdidas sufridas por los pescadores que ya no puedan acceder a su caladero debido al cierre para proteger a los cetáceos en aguas francesas, una posibilidad de ayuda de la cual la Comisión invita a los Estados miembro a hacer uso.