La sección primera de la Audiencia Provincial juzgó esta mañana a un hombre acusado de un delito continuado de agresión sexual contra una menor, por unos hechos que habrían ocurrido durante los veranos de 2013, 2014 y 2015, comenzando cuando la presunta víctima, una sobrina suya, tenía 10 años de edad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden para él una pena de 11 años de prisión, además de una indemnización en concepto de responsabilidad civil por daños morales de 24.000 y 25.000 euros, respectivamente. Por su parte, la defensa solicitaba al tribunal la libre absolución al sostener que los hechos de los que se acusa a esta persona son falsos.
Según el escrito del ministerio público, el acusado, de iniciales M. A. R. L., habría aprovechado varias visitas al domicilio de su cuñada, en una localidad de la comarca de Valdepeñas. Cuando ella y su mujer, ambas hermanas, se ausentaban de la casa, quedándose la menor al cuidado de un primo pequeño, el investigado, «guiado en su ánimo por satisfacer sus más bajos instintos sexuales, se acercaba a la menor y la besaba en la boca, llegando a introducirle la lengua e igualmente le realizaba tocamientos en el pubis, tanto por encima como por debajo de la ropa, llegando a introducirle el dedo en la vagina».
Una acusación que M. A. R. L. ha negado con rotundidad ante el tribunal, asegurando que estos hechos no son ciertos, y que la denuncia falsa de la menor podría haber sido inducida por su madre a raíz de un antiguo enfrentamiento de su hermana, mujer del acusado, con un abuelo.
Sin embargo, la denunciante, que ahora tiene 20 años y que declaraba en la misma sala aunque evitando el contacto visual con el acusado detrás de un biombo, se reafirmaba en su declaración original, en una sesión que se celebraba a puerta cerrada por petición de la familia de la joven. Como explicaba a La Tribuna su abogada, Concha Marín, la niña ha estado en tratamiento psicológico por estos hechos.
Por su parte, el abogado de la defensa, Cipriano Arteche, aseguraba que su cliente es totalmente inocente de unos hechos que, además, se habrían producido hace diez años, puesto que la menor no contaba nada a su familia hasta dos años después de lo sucedido, y a su vez la familia no denunciaba hasta que no pasaron otros dos años más.
Alejamiento y educación
Además de los 11 años de prisión y la indemnización por daños morales, la Fiscalía también pedía para el acusado libertad vigilada durante siete años y la obligación de participar en programas de educación sexual, así como la prohibición de acercarse a la víctima en su domicilio, centro de trabajo o estudios o a cualquier lugar frecuentado por ella a una distancia inferior a 200 metros, y prohibición de comunicarse con ella, de forma directa o indirecta y por cualquier medio. Unas medidas accesorias que la acusación particular elevaba hasta los diez años.