Absueltos los ocho acusados de estafar a la Seguridad Social

M. E.
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La Fiscalía pedía dos años de cárcel para uno de ellos y un año para el resto

Pasillo de los Juzgados de Ciudad Real. - Foto: Rueda Villaverde

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real ha absuelto de un delito contra la Seguridad Social a los ocho acusados que haber simulado una relación laboral con una empresa supuestamente ficticia, con el ánimo de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, según sostenía la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel para uno de ellos y un año para el resto.

El principal acusado era un empresario, de iniciales R. M. S., propietario de una discoteca de Almagro (la Premier), un establecimiento de compraventa de oro, un bar-restaurante y una tienda de 24 horas, todo ello también en la localidad encajera, entre los años 2013 y 2016, además de otros negocios de ocio nocturno en la capital. Este empresario sufría una investigación por parte de la Seguridad Social, que dudaba de que estas actividades fueran reales, así como de que el resto de acusados realmente estuvieran contratados por él como camareros, cocineros, limpiadores o cuidadores, pagándoles siempre en mano.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, ejercida por la Seguridad Social, sostenían que sus empresas eran solo una manera instrumental para permitir el acceso indebido a prestaciones y ayudas públicas mediante la simulación de la contratación laborales de estas personas, cercanas a R. M. S.

Sin embargo, el fallo del Juzgado afirma que «no ha quedado acreditado» que ninguno de los acusados actuara de manera ilegal, por lo que, en aras a la presunción de inocencia, los absolvía a todos. "No demostrándose la culpa, procede a la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia", argumenta el magistrado en su sentencia absolutoria.

Ramón Alén, abogado de cuatro de los encausados, se mostraba satisfecho con una sentencia que, aunque no es firme, sí les da la razón en primera instancia tras un procedimiento de instrucción "muy irregular" y que ha causado un "destrozo" importante a los imputados, especialmente al empresario, que se vio obligado a cerrar sus negocios a raíz de la investigación abierta.