El no de Junts que paralizó la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía, cuando el Gobierno de Sánchez y sus adláteres ya se frotaban las manos y dibujaban un horizonte de ensueño, supuso un jarro de agua fría que obligaba, entre otras cosas, a remangarse. A coger el toro por los cuernos y volver a negociar con aquellos que, de forma televisada, radiada y escrita -a los cuatro vientos-, les habían dejado con un palmo de narices. Desde ese momento, las negociaciones se han intensificado, con el debate de las enmiendas presentadas al texto como punta de lanza y con un trasfondo de profundas y hondas consecuencias. Sobre todo cuando sobre la mesa se coloca el asunto del terrorismo, en referencia a Tsunami Democràtic o los CDR, así como las posibles investigaciones judiciales por el delito de traición. El tema central, por tanto, estriba en la línea limítrofe que delimita quiénes deben ser amnistiados o no serlo por su actuación, en muy diferente grado y circunstancias, en el Procés.

Los neoconvergentes quieren tenerlo todo atado y bien atado, que diría aquel. Un cheque en blanco que dé forma a una amnistía blindada al cien por cien, para que a posteriori no haya que lamentar nada. Empezando por su máximo baluarte en la causa, Carles Puigdemont, que aguarda un destino concreto tras un largo periódico como prófugo de la Justicia. En este complejo contexto de tira y afloja, la Generalitat está convencida de que el Gobierno terminará indultando a aquellos supremacistas que pudieran quedar fuera del amparo de la Ley de Amnistía. Así lo ha manifestado en las últimas horas, sin ir más lejos, el consejero catalán de Derechos Sociales, Carles Campuzano, al asegurar que el Ejecutivo de Sánchez está «abierto» a conceder en un futuro no muy lejano esa medida de gracia como alternativa.

Concuerda esta postura con lo expuesto también por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. A la mano derecha (e izquierda) del presidente no le cabe «ninguna duda» de que, al final, habrá acuerdo para que la amnistía dé cobertura «a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista». De una manera muy poco velada ya, la guardia pretoriana del presidente empieza a avanzar, 'por lo bajini', a través de declaraciones sueltas y aisladas, el inminente ejercicio de contorsionismo de Sánchez para pasar de nuevo por el aro. Es una especie de preparación antes de asestar un nuevo golpe a la moral de buena parte de los españoles y de horadar, todavía más, la herida en el Estado de Derecho y en la Constitución. Menos mal que el Rey, en este desaguisado, ha dejado su impronta en forma de juicio cabal y coherente al señalar que «todos» han de preservar y respetar la independencia judicial y las resoluciones que la Justicia dictamine. Buen aviso a navegantes.