La aprobación definitiva de la ley de amnistía por el Congreso es el final del régimen del 78, de la igualdad de los españoles ante la ley, de la separación de poderes, del Estado de Derecho en definitiva. Es también el principio de la desaparición el PSOE y el final de una legislatura que la ley aprobada debía consolidar. Esto es lo que piensan los partidos conservadores, la mayor parte de la judicatura que ahora tendrá que aplicar la ley y que se manifestó contra ella antes de que se conociera su contenido, y buena parte de la academia que la considera inconstitucional y que por tanto supondrá el final de la propia ley porque así creen que lo dictaminará, sino el Tribunal Constitucional español, la justicia europea.

La ley de amnistía es también el final del 'procés', la causante del fin de la hegemonía de los independentistas en el Parlament de Cataluña y de su fracaso en el imaginario colectivo de los catalanes, el colofón de las aventuras unilaterales para la independencia, el fin del intento secesionista, el cese de los enfrentamientos entre catalanes, según los partidarios de la ley no independentistas.

La aprobación de la ley de amnistía es, o puede ser también el principio de muchas cosas, el comienzo de la batalla judicial por su aplicación en la que van a intervenir todos los estamentos judiciales para tratar de convertirla en papel mojado; es el principio de la legislatura una vez pasados todos los procesos electorales, y si los socios independentistas que sostiene al Gobierno en el Congreso actúan con lealtad, aunque ya han advertido que para ellos la exoneración de los delitos derivados del 'procés´ da inicio a una nueva fase de presión al Ejecutivo socialista para la consecución de un referéndum de autodeterminación. Para Pedro Sánchez es el comienzo de la normalización política, social e institucional entre el Gobierno y la Generalitat. Menos el PSOE y algunos de sus socios, todos los partidos quieren votar: el PP y Vox para que la amnistía forme parte de un programa electoral y revertir lo que consideran el mayor engaño de Sánchez a la ciudadanía y los independentistas para lograr su desiderátum, a pesar de que saben que no lo van a conseguir. Y todos lo hacen apelando a la democracia que tiene sentidos tan distintos para cualquiera de los tres bloques.

De lo que no hay ninguna duda es de que la ley de amnistía es producto de la necesidad de contar con los siete escaños de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, y de los mismos votos de ERC para que Pedro Sánchez lograra la investidura y pudiera gobernar, cuestión esta última de dudosa consecución tras los resultados de las elecciones catalanas y del estado de desconcierto del independentismo por su abultada derrota.

Dónde el Gobierno ve una iniciativa para mejorar la concordia, la oposición ve un trágala; dónde el Ejecutivo cree que los resultados de las elecciones catalanas validan su apuesta por la reconciliación y que se ha aprobado pasar página por el 'procés', la oposición ve una rendición que tendrá funestas consecuencias para la democracia en España; dónde Sánchez y sus ministros consideran que la legislatura puede tomar aire, se suceden las derrotas parlamentarias en el Congreso y se demuestra que la coalición progresista no es tal cuando se trata de aprobar cuestione con efectos en el sector económico.  La nueva etapa no ha hecho sino comenzar y ya corre riesgo de descarrilar.