El Ayuntamiento de Ciudad Real ha iniciado el expediente de clausura de la actividad del edificio de la Delegación de la Junta, ubicado en la calle Paloma, 9, es decir, el antiguo Palacio de Medrano «como consecuencia de su funcionamiento sin la preceptiva licencia municipal». 

Así se recoge en uno de los decretos de Alcaldía de los que se dio cuenta en el Pleno del pasado jueves y que supone la incoación del expediente sancionador de la actividad de la actual sede de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, donde presta algunos de los principales servicios centrales y desde donde desarrolla su trabajo la propia delegada de la Junta. 

En el decreto se indica que el mencionado edificio «no dispone de licencia concedida de actividad para su funcionamiento», un trámite que no debió culminarse en su día por cualquier circunstancias y que ahora ha dado lugar a este expediente de clausura firmado por la alcaldesa, Eva Masías, y la edil de Urbanismo, Raquel Torralbo. Este decreto tiene fecha del pasado 15 de noviembre y contempla un plazo de 15 días desde su entrega para alegar o presentar los documentos que se estimen pertinentes.

«El ejercicio de cualquier actividad en el término municipal está sujeto a la concesión de la pertinente autorización por el ente local al que pertenece, así como al cumplimiento de la normativa para el tipo de actividades como la que es objeto de esta resolución, lo que no ocurre en el presente caso, dado que no consta licencia para la actividad, por lo que, el ejercicio de tal actividad es clandestino», se contempla en el mencionado decreto de Alcaldía.

Desde el Urbanismo se explica que se están enviando requerimientos a muchas otros locales o establecimientos de la ciudad que no cuentan con la licencia oportuna debido a que el expediente pudo no completarse en su día, por lo que vendría a considerarse una cuestión técnica de mera formalidad que, sin embargo en este caso afecta a la sede de la Delegación de la Junta, para la cual se inicia el expediente de cierre. 

Se trataría, al parecer, de un proceso derivado de la decisión de dar caducidad a todas las actividades que se solicitaron hace años y no se completaron, por lo que al darles carpetazo se pide su clausura. Sin embargo, con la creación del nuevo expediente podría ser necesaria la adaptación del inmueble a las nuevas normativas urbanísticas, como es la relativa a la electricidad, incendios o accesos, por lo que podría suponer la realización de algunas actuaciones encaminadas a cumplir estas nuevas normas.