El robo de cobre se ha convertido en un lucrativo negocio. Su elevado precio en el mercado ha hecho que los casos de hurtos de este conductor de la electricidad y transmisor térmico se hayan disparado. Solo el pasado mayo, la Guardia Civil llevó a cabo al menos seis operaciones en las que resultaron detenidas 82 personas. Unos datos que dan una idea del auge de este goloso negocio, que está acompasando la curva de su actividad a las oscilaciones del coste de este metal. De hecho, los números cantan. Si antes de la pandemia, en 2019, los delitos de esta naturaleza se cifraron en 2.367, el pasado ejercicio cerró con 4.053, un 71 por ciento más.

Los ladrones están en todas las partes y tienen dos perfiles: los que se dedican al menudeo y auténticas mafias. Actúan en empresas y polígonos industriales con poca vigilancia o en puntos de la red ferroviaria, van en furgonetas o camionetas y cargan todo lo sustraído de forma sencilla. 

Es la Guardia Civil la que mayor número de operaciones contra este delito lleva a cabo. Los expertos de su Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) reconocen ese «auge» en la sustracción, relacionado con el precio del cobre. «Es decir, si aumenta el precio del cobre, porque está habiendo más demanda, también lo va a hacer el número de delitos y si su cotización disminuye también lo hacen los robos», reiteran.

Los investigadores han constatado en estas infracciones penales un modus operandi en cuatro fases diferentes. Así, lo primero y fundamental es localizar la zona y que sea lo más «segura» posible para estos delincuentes. Cuando ven el momento oportuno, proceden a cortar el cable y a sustraerlo, en muchas ocasiones de día, aunque también se dan por la noche. La tercera fase es «limpiarlo» o «pelarlo». Sin ello, no se llegaría a la cuarta fase: la venta. ¿Dónde? Pues especialmente a las chatarrerías y centros de reciclaje, que se convierten en receptores de la mercancía.

Y ante este «movimiento», la Benemérita está también apostando por una labor preventiva, con controles e inspecciones constantes.

Sus investigadores hacen un llamamiento a que cuando se denuncie una sustracción de cable de cobre, se aporte la máxima información posible, porque «cualquier detalle puede ser de gran importancia para proceder a la investigación y para crear esa inteligencia que nos permite seguir detectando el delito», subrayan desde la UTPJ.

Al frente de las redes

Son españoles y rumanos los que lideran esta actividad ilícita. Están generalmente al frente de grupos criminales que no siempre son estructurados.

La Guardia Civil ha detectado un incremento de robos en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Y es que, en términos absolutos, son las regiones que acumulan más hechos delictivos.

Como es lógico, las empresas eléctricas y las de telecomunicaciones son las víctimas de estos cacos que se lucran con estos robos. Prácticamente, el beneficio es limpio, porque esté a lo que esté el precio de este metal, la inversión que hacen es mínima y pueden venderlo a la cantidad que quieran, siempre que esté por debajo de la cotización.

Actualmente, el coste legal de la tonelada es de en torno a las 8.800 euros. Las ganancias de los 'malos' llegan a ser millonarias, como han comprobado las Fuerzas de Seguridad en muchas de sus investigaciones.

No está exento de peligro cortar un cable, pero los ladrones ya se ha pertrechado de un material adecuado y conocen la técnica que le permite salir ilesos de la operación. 

Son muchas las operaciones que la Guardia Civil realiza contra estos robos, pero algunas han sido de especial trascendencia.

Entre ellas, la denominada Filium Ou, desarrollada en Orense a finales del pasado año y en la que se detuvo a siete personas, todas ellas de nacionalidad española que habían perpetrado 57 sustracciones.

Otra más reciente, llamada Ascia supuso el desmantelamiento por el instituto armado de una red dedicada al robo de cable de cobre en Ávila, Valladolid, Córdoba y Sevilla. 

Se detuvo a 36 personas y otras seis fueron investigadas después de robar un total de 34.215 metros, valorados en dos millones de euros, de los que se recuperaron 13 toneladas.