CSIF pide revisar las políticas de protección a las víctimas

La Tribuna
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Desde el sindicato señalan al Gobierno por "incumplir sus propios compromisos: ha aparcado su Plan de Apoyo y Asesoramiento a las víctimas de la violencia de género, dejándolo sin desarrollo e incumplen una de sus medidas estrella"

CSIF pide revisar las políticas de protección a las víctimas - Foto: Tomás Fernández de Moya

El sindicato CSIF se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con su campaña '#Todo por todas' para reclamar la revisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que precisa de mayores recursos que contribuyan a eliminar de una vez por todas esta lacra que afecta a la sociedad española, y para exigir una respuesta contundente y coordinada de toda la sociedad.

CSIF ha indicado que los datos oficiales revelan que desde 2003 ha habido 1.285 víctimas mortales por violencia de género, 40 en lo que llevamos de año, dos de ellas en Castilla-La Mancha; "unas cifras terribles (42 mujeres asesinadas si se confirman los últimos casos de Estepa -Sevilla- y Orihuela -Alicante- de este pasado fin de semana) que esconden una expresión brutal de la desigualdad estructural que aún pervive en nuestra sociedad", denuncia el sindicato que considera necesario revisar la eficacia de las políticas de protección y apoyo laboral a las víctimas, tanto en el sector público como en el privado. "Hacen falta más recursos y medidas de apoyo en el ámbito laboral, de formación y educación", sentencia el sindicato, que ha organizado esta mañana una concentración en la capital.

Desde el sindicato señalan al Gobierno por "incumplir sus propios compromisos: ha aparcado su Plan de Apoyo y Asesoramiento a las víctimas de la violencia de género, dejándolo sin desarrollo e incumpliendo una de las medidas estrella de su III Plan de Igualdad".

CSIF pide revisar las políticas de protección a las víctimasCSIF pide revisar las políticas de protección a las víctimas - Foto: Tomás Fernández de Moya

Desde CSIF han asegurado que la medida pretende favorecer el acompañamiento de las víctimas en el ámbito laboral, facilitándoles desde el primer momento un entorno seguro, siendo asistida por asesores, psicólogos y otros profesionales que le informarán sobre sus derechos, proceso judicial y acompañamiento en el caso de la denuncia. "Pues bien, el Gobierno ha sido incapaz de poner en marcha esta medida en un ámbito de su plena competencia, como es la Administración General del Estado". A ello se suma que en el ámbito concreto del mercado laboral, según datos oficiales, "el número de contratos bonificados y de sustitución por violencia de género disminuyeron el año pasado un 40 por ciento con respecto a 2022, lo que evidencia que las mujeres afectadas no están recibiendo el apoyo necesario en el ámbito laboral".

Por eso, desde CSIF exigen "la puesta inmediata de la figura del delegado/a sindical especializado en Igualdad y contra la Violencia de Género".

Otro de los datos que han llamado la atención de CSIF es que se han multiplicado por cuatro los quebrantamientos de medidas de protección respecto al número de víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2023. "Esta evolución exige un análisis para detectar en qué estamos fallando a la hora de proteger a las víctimas". 

Por último, en CSIF reiteran su compromiso en la lucha contra cualquier forma de violencia que sufren las mujeres, y recuerda que acabar con esta lacra es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y propone "la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género, dotar al Pacto de Estado contra la Violencia de Género de financiación suficiente, refuerzo de los juzgados especializados en violencia de género, ampliación de los recursos de atención y acogida para víctimas, establecimiento de espacios de apoyo y asesoría en el entorno laboral, favorecer entornos de trabajo seguros mediante la negociación y puesta en marcha de protocolos contra el acoso sexual y por razón de género en todos los centros de trabajo, programas específicos de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia, mayor coordinación entre administraciones y agentes sociales para optimizar los recursos y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género".