No habrá nuevos imputados en el procedimiento que se sigue por la muerte de Juan Miguel Isla, supuestamente a manos del empresario de Manzanares Antonio Caba. Así lo ha resuelto la Audiencia Provincial, que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por las acusaciones particulares que ejercen la pareja del fallecido, Nardy Molina, y los hijos de éste, contra el auto del Juzgado de Manzanares que ya denegó en su momento la petición de considerar investigados a dos personas más. Se trata del hermano de la víctima, José Isla, que tenía en su poder una pistola entregada supuestamente por Caba después del crimen, y una segunda persona más, Miguel Ángel U. M. B., autor de un presunto delito de falsedad documental tras adquirir parte de una finca propiedad de la víctima.
En su fallo, al que ha tenido acceso La Tribuna y ante el que ya no cabe recurso, la Audiencia argumenta que no procede su declaración como investigados porque «lo único que han evidenciado las diligencias practicadas hasta el momento es que las relaciones entre los hermanos no eran buenas y no ha tenido relación con los hechos ningún arma de fuego y, por otro lado, que tampoco existiría constancia de que el delito de falsedad documental, del que presuntamente sería responsable el segundo, guarde relación con el homicidio o asesinato (…). Esta Sala considera que no se han proporcionado indicios suficientes de la posible participación en los hechos de las dos personas citadas y las diligencias tampoco aportarían indicios relevantes». En consecuencia, procede a la confirmación del auto emitido el 3 de abril de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº2 de Manzanares.
Asimismo, a Audiencia también desoye la petición de las acusaciones particulares de proceder a la exploración psicológica de Antonio Caba y Gaspar Rivera, los dos principales acusados y en la actualidad en prisión preventiva, ni a un nuevo interrogatorio del primero, recordando que en su momento se acogió a su derecho a no declarar. También se rechaza la solicitud de proceder a una reconstrucción de los hechos, ya que esta petición solo se fundamenta «en la falta de credibilidad que a la parte le ofrecen las manifestaciones de Gaspar Rivera, constando ya practicado el reconocimiento ocular y derivadas». Ante este recurso se oponía también el Ministerio Fiscal y la representación legal de Antonio Caba.
Después de esta resolución de la Sección 1 de la Audiencia Provincial, en una causa que será juzgada por un jurado popular, las tres personas que finalmente son consideradas como investigadas son Antonio Caba, su supuesto cómplice Gaspar Rivera y Juan Carlos Sánchez, amigo y gestor de Caba.