El número total de desahucios ejecutados en el primer semestre de 2024 en la provincia de Ciudad Real fue de 75, un 59,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 47. Pese a este incremento, la cifra de lanzamientos practicados es la mitad de la registrada entre enero y junio de 2021, cuando se dispararon a 146.

Así lo recoge el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que precisa que de los 75 lanzamientos practicados (41 en el segundo trimestre), 42 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), principalmente por alquileres impagados, mientras que otros 25 desalojos de viviendas se derivaron de ejecuciones hipotecarias.

En este sentido, hay que señalar que los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos aumentaron un 155%, mientras que los que tienen su origen en ejecuciones hipotecarias se incrementaron cerca del 45%. Todo ello con respecto al primer semestre de 2023. Esto implica que más de la mitad de los desahucios ejecutados, el 56%, se deben a impagos de alquiler, mientras que el 33,3%, un tercio del total, son practicados como consecuencia de procedimientos de ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados. Hay ocho casos que no se circunscriben a estas causas.

Y es que el problema del aumento del precio del alquiler no existe sólo en los grandes municipios de España como Madrid o Barcelona, sino que hay zonas en Ciudad Real y en municipios de la provincia que demuestran que la situación de la vivienda es una cuestión de Estado. En concreto, hay 12 secciones censales, la unidad más pequeña de distribución geográfica, en la capital, donde los alquileres han crecido en más de un 25% desde el año 2015, cuando los precios de la vivienda tocaron fondo por la crisis económica, hasta el 2022, el último con datos en el Índice del Precio del Alquiler de Vivienda, que elabora el departamento que dirige la ciudadrealeña Isabel Rodríguez. Además, hay una decena de municipios donde el coste del alquiler ha aumentado en más de un 20% en esos años, por encima de lo que han crecido los precios en general, el IPC, que en la provincia se sitúa en el 20,7%. 

ocupación de viviendas. Desde el tercer trimestre de 2018, el Consejo General del Poder Judicial también ofrece información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. En el primer semestre de 2024 ingresaron 20 demandas de esta clase en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real, dos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. A fecha 30 de junio, 29 procedimientos estaban en trámite, 10 menos que un año antes.