El Reglamento Orgánico Municipal de Daimiel se aprueba definitivamente en el pleno de noviembre tras superar el periodo de exposición pública e incorpora varias sugerencias presentadas por Ecologistas en Acción en dicho periodo.

Tras desestimar la reclamación presentada por el ciudadano Galo Sánchez Bermejo en la que entiende que la modificación es "restrictiva y menoscaba la participación ciudadana", se dio el visto bueno parcialmente a varias reclamaciones de Ecologistas en Acción sobre la nueva regulación de las preguntas ciudadanas.

Unas propuestas que se adhieren al texto aprobado inicialmente el pasado 11 de septiembre, y por las que se fija el tiempo para que los vecinos puedan presentar sus preguntas con un mínimo de antelación de dos días hábiles previas a la celebración del pleno, además, se amplían a cinco las preguntas por cada sesión y el tiempo permitido pasa de un minuto a cinco para formular las preguntas.

Por otro lado, y a la vista del informe de Secretaría, se aprueba la modificación del ROM definitiva con la puntualización de que las preguntas del público serán las últimas en ser contestadas en el apartado de ruegos y preguntas.

En el turno de palabra el portavoz de Vox, Juan Carlos Sendarrubias, aclaró que "todas las personas están en su pleno derecho de poder presentar las alegaciones que consideren" y defendió las nuevas propuestas añadidas al considerar que "no cambian el sentido de la modificación del ROM que pretende mejorar la operatividad en los plenos". En este sentido, lo consideró "razonable".

Seguidamente, la portavoz del Partido Socialista Teresa Ortega, celebró la aprobación de las conexiones telemáticas para los integrantes del pleno que no puedan asistir, aunque lamentó que esta medida "no se escuchase cuando la propusimos desde nuestro grupo".

Respecto al artículo que regula las preguntas de los ciudadanos, "no es sólo facilitar la canalización de la participación ciudadana sino fomentarla y no constreñirla más", algo, para lo que es necesario "voluntad política y compromiso con la transparencia y colaboración ciudadana", subrayó. El libro de actas, lo consideró "pertinente" y defendió aumentar a siete los miembros de la mesa de contratación, "y así poder formar parte de ella no solo un concejal de toda la oposición sino uno de cada grupo municipal que forme parte del pleno".

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno Jesús David Sánchez de Pablo, argumentó que las alegaciones de Ecologistas en Acción estimadas "son razonables" y por ello se han aceptado. En este sentido, a juicio del portavoz, "la modificación es más garantista de cara a los vecinos de Daimiel", indicó.

Sobre las alegaciones presentadas por Galo Sánchez Bermejo, donde proponía "dejar sin efecto todos los cambios, evidentemente, no la hemos aceptado", manifestó.

Sánchez de Pablo afeó que desde el PSOE "hagan ciertas propuestas que no realizaron en la aprobación inicial del texto y que hoy no corresponden", al tiempo que recalcó que ha sido con un gobierno del Partido Popular cuando "es posible canalizar las preguntas de los vecinos y vecinas".

Granja Escuela. La recuperación de la Granja Escuela como centro educativo volvió a ser tema de debate en el pleno municipal. Fue a raíz de una moción de Vox donde pedía que el Ayuntamiento de Daimiel recuperase la cesión de parte las instalaciones que consiguió a finales de 2019 de la Junta de Comunidades, y que rechazó meses después porque la administración local no podía afrontar la financiación necesaria para ponerla en funcionamiento, como volvió a exponer el equipo de Gobierno.

Un desembolso basado en los informes de los técnicos municipales de hace cuatro años partía de un mínimo de 215.000 euros. Ahora, el alcalde, Leopoldo Sierra, lo cifró en "varios millones de euros" por el "abandono total" de este centro dependiente del ejecutivo autonómico.

Desde esa premisa, el grupo municipal de los populares presentó una enmienda a la totalidad a la moción de VOX donde señalaba a la Junta para hacerse responsable de la rehabilitación de la Granja Escuela y aumentase la dotación de la Formación Profesional en Daimiel, utilizando parcial o totalmente esas dependencias.

Ese enfoque salió adelante con los votos del PP, la negativa de Vox y la abstención del PSOE, que sí decidió apoyar la moción inicial, aunque decayó por el rechazo del PP. De este modo, con estas posiciones cruzadas se rompió la unanimidad política que habían suscitado mociones parecidas en anteriores legislaturas, pero que en la práctica no han cambiado nada en la última década para la Granja Escuela.

En esta ocasión, la moción de Vox en el Ayuntamiento de Daimiel buscaba que este "proyecto prioritario" para Daimiel contase con el liderazgo político del Ayuntamiento, y que también aportase fondos de su presupuesto anual de inversiones para la rehabilitación del centro.

Su portavoz, Juan Carlos Sendarrubias, hizo un recorrido detallado de las gestiones realizadas para reabrir la Granja, agradeciendo el papel jugado por Francisco Simón con el proyecto que presentó a las administraciones y que fructificó en esa cesión inicial. Para Sendarrubias, el "motivo real" del rechazo a la misma no fueron las cuestiones económicas, sino por "el miedo político del PP" a comandar su desarrollo.

El PSOE, por su parte, también puso en valor la intermediación de Simón, acusando al Ejecutivo municipal de ningunearlo. Su concejal, Pepe Jiménez, recriminó a los populares que "tuvieron la Granja y la rechazaron", tras haber hecho de este asunto una promesa electoral en las municipales de 2019. "Reconozcan su error", insistió Jiménez.

El concejal de Educación, Román Ortega, defendió la posición del PP que, dijo, "comparte el objetivo de la moción de VOX" como es su restablecimiento y la apuesta por la Formación Profesional, pero no que sea el Ayuntamiento el que dé el primer paso, mientras se insistía en el escaso margen económico municipal y en las nulas facultades en Educación.

Ortega recalcó que las competencias son de la Junta, y que los proyectos que se están financiando con el dinero procedente de los Fondos Europeos Next Generation encajarían perfectamente con los fines que se buscan en la Granja y en el desarrollo de la FP Dual.

En el alegato final del alcalde, Leopoldo Sierra, reconoció que confió "más en ideas que en las realidades" cuando aceptó la cesión en 2019, pero admitió que "ese error no lo volverá a cometer porque no quiere engañar a nadie". Sierra comentó que él si ha visto el deterioro de la instalación e insistió en que su abandono es de tal calibre que la inversión que necesita es de "millones de euros".