La Audiencia Provincial de Ciudad Real va a dictar una orden de busca y captura contra E. P. A., un ciudadano colombiano que estaba citado este martes en un juicio en el que se le acusaba de ser el cabecilla de una red de narcotráfico que operaba en la capital, Puertollano y Torralba de Calatrava, y para el que se pide una pena de 8 años de prisión y una multa de 448.878 euros. Sin embargo, 'Papi,' que así es su apodo, no se ha presentado en las dependencias judiciales, algo que sí han hecho los otros 13 implicados en este macrojuicio, en el que las partes han llegado a un acuerdo para la rebaja sensible de las penas que se solicitaban a cambio del reconocimiento de los hechos, entre otras condiciones.

Según ha explicado a La Tribuna la fiscal, María José García, E. P. A. ha estado participando en el proceso "hasta hace pocos días", aunque a la hora de citarle para el juicio no ha podido ser localizado. "Cuando se le localice se procederá a celebrar el juicio de la causa contra él", aclaraba la representante del ministerio público. Según ha podido saber este periódico, 'Papi', que tiene antecedentes penales tras ser condenado en 2018 por otro delito contra la salud pública, había estado ingresado en prisión hasta hace poco, aunque quedaba el libertad provisional con cargos.

Los hechos enjuiciados datan del año 2019, aunque el procedimiento se ha alargado por diversas causas. Estas dilaciones, además del reconocimiento de los hechos y, en algunos casos, la condición de ser consumidores de sustancias estupefacientes, han servido de atenuantes para que se logre una conformidad en la rebaja de las penas solicitadas en un principio. Para la mayoría, las condenas pactadas oscilan entre el año y dos meses y el año y medio de cárcel, salvo para G. M. C., considerado como el número dos de la trama, que ha aceptado una pena de 3 años de prisión.

Uno de los acusados acepta ante el tribunal la pena acordada. - Foto: Rueda Villaverde

Ahora le corresponderá a la Audiencia decidir si se ejecutan las sentencias o si por el contrario se suspenden las penas, con lo que los acusados evitarían ingresar en la cárcel, siempre que no tengan antecedentes penales computables, que no cometan más delitos en un tiempo o que se sometan a tratamientos de deshabituación de consumo de drogas.

Compraban droga en Madrid, Barcelona o Burgos

Tanto E. P. A. como G. M. C. estaban al frente de la organización de venta de drogas, manteniendo reuniones y buscando proveedores por distintas provincias, como Madrid, Barcelona o Burgos. Cerraban tratos y mandaban a sus transportistas para distribuir la droga a terceros consumidores. En la provincia realizaban las ventas en Ciudad Real, Puertollano, Torralba de Calatrava, donde eran frecuentes los desplazamientos para entregar drogas, una vez, en 2019, con motivo de las fiestas municipales, y para cobrar el dinero adeudado, e incluso en la cárcel de Herrera de La Mancha, donde intentaron introducir 2,79 gramos de resina de cannabis y 1,15 gramos de heroína. 

Entre los acusados hay hermanas, parejas, familiares y personas con pasaportes falsos de Pakistán y la India que se encargaban de repartir los 'encargos'. En la capital, entre otros sitios, quedaban en pubs y sitios convenidos para eludir "miradas de curiosos", indicaba la Fiscalía en su escrito de acusación. En los registros realizados tras las intervenciones policiales, en octubre de 2019, se intervinieron más de un kilo de cocaína, además de heroína y cannabis y abundante dinero en metálico. En una vivienda en Torrejón de Ardoz, hasta 22.000 euros distribuidos en paquetes de 100 euros.