El Consejo de Ministros de este martes ha autorizado a la administración autonómica de Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo, por un importe máximo de 2.832,5 millones de euros.
Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
En concreto, el Gobierno ha autorizado a Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.832.500.000 euros.
Tal y como consta en las referencias del Consejo de Ministros, recogidas el endeudamiento se destinará a la refinanciación de operaciones existentes con la finalidad de conseguir ahorro financiero. Además se especifica que esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2025.
Una región con 16.473 millones de deuda. Cualquier movimiento que pueda hacer Castilla-La Mancha para ahorrar dinero en relación a su deuda es positivo. La región cuenta con un montante de deuda que suma 16.473 millones a cierre del tercer trimestre de 2024, lo que supone el 30,3 por ciento del Producto Interior Bruto. Solo en vencimientos e intereses la Junta ha tenido que reservar una cuantía de 2.238 millones de euros en los presupuestos de este 2025 (el año pasado fueron 1.902 millones).
Por eso a Castilla-La Mancha le renta mucho la condonación de la deuda que ha planteado el Gobierno de España, pues la mayor parte de los préstamos que tiene la Junta los ha contraído con el Estado. La quita supondrá para Castilla-La Mancha una reducción de su deuda de 4.927 millones de euros. Cuando se culmine, la región verá reducido su endeudamiento del 30 por ciento del PIB actual a un 20.
Y no solo es la cantidad que Castilla-La Mancha ya no tendrá que devolver al Estado, sino que en función de los préstamos que le sean perdonados, la Junta se podrá ahorrar unos cien millones de euros en intereses. La condonación se aprobó la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ahora tendrá que tramitarse como ley y pasar por el Congreso.