Ni vendían drogas en su domicilio ni blanqueaban el dinero procedente del tráfico de sustancias estupefacientes. La familia residente en la calle San Antón de Ciudad Real, que se enfrenta a penas de cárcel desde los cuatro a los nueve años y medio, testificaba este miércoles ante el tribunal en la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial. Una larga y tensa vista oral que quedaba incompleta, a falta de la presentación de los informes finales de las partes, que ha quedado aplazada a una fecha por determinar.
En esta segunda jornada, tanto los dos acusados principales, Sergio G. A. y su exmujer Manuela A. C., como el hijo de ambos, Sergio G. A., negaban que se dedicaran a vender cocaína y heroína en su domicilio, sito en el piso primero del número 22 de la calle San Antón. Es más, señalaban a dos pisos más arriba, en el tercero, como lugar donde sí se vendía droga, concretamente «una mujer mayor» conocida como Loli. «A mí nadie me llama Loli», aclaraba con vehemencia la acusada, que aseguraba que en ese portal 22, compuesto por 16 viviendas, «mucha gente vende drogas», pero ellos no. Una versión que choca frontalmente con la de la Fiscalía y las declaraciones de los policías que intervinieron en la investigación y en el registro de su vivienda, que estaba «bunquerizada» con una puerta metálica.
De los testigos que pasaban por delante del tribunal, la mayoría consumidores, casi todos negaban haber comprado en la vivienda de esta familia. Todos menos uno, Nuria, una mujer de declaraba por videoconferencia haber empeñado joyas a cambio de cocaína. «Allí había cola para comprar, tanto cocaína como heroína o porros, además de algunos objetos robados. Por la mañana vendía Manuela, luego Sergio padre, después su hijo Manuel, y después otra vez Manuela», relataba, apuntando que Sergio hijo también le vendió en alguna ocasión, aunque no era lo habitual.
Una versión que rechazaba la propia Manuela, recordando que Nuria fue «la querida» de su marido, con la que había tenido varios enfrentamientos, por lo que su declaración era falsa y obedecía a rencor o despecho.

"Unos ahorrillos"

Manuela A. C., durante su interrogatorio. - Foto: M. E.

Sobre la acusación por blanqueo de capitales, procedentes presuntamente de esa venta de drogas, los tres miembros de la familia sostenían que pudieron adquirir cuatro vehículos y dos pisos más en la misma calle San Antón, además de tener en su domicilio bienes como una televisión de plasma de más de 4.000 euros, cuatro lavadoras Siemens, un equipo profesional de música, móviles Iphone o tablets, gracias a que les tocó el cupón de la Once (35.000 euros), a que cobraron una herencia familiar (30.000 euros) y a haber recibido una indemnización por un accidente de tráfico sufrido por ella (18.000 euros), además de por las ganancias que habían obtenido en sus respectivos trabajos, él en la compraventa de vehículos, en una empresa de chatarra y en el hostal La Frasca, en el que también estuvo contratada ella unos meses. Todo esto les facilitó tener «unos ahorrillos» con los que, por ejemplo, pudieron pagar en metálico un BMW valorado en 38.500 euros.
También negaban que la cuarta acusada, Josefa S. S., toxicómana, les guardara la droga: «Nos ayudaba con las tareas del hogar».

Más fotos:

Sus abogados piden la libre absolución de los tres, mientras que el letrado de Josefa S. S. solicitaba, en el caso de que sea condenada por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, que se tenga en cuenta el atenuante de drogodependencia.