La medida de gracia para exculpar a todos los implicados en el procés a cambio de despejar el camino de Pedro Sánchez a la Moncloa ya es un ejercicio de eufemismo en su definición inicial. La franqueza en política, ya se sabe, no cotiza al alza. La proposición de ley orgánica consensuada define la polémica amnistía como un instrumento para «la normalización institucional, política y social en Cataluña». Y no solo eso, además borra los delitos relacionados con el procés cometidos durante una década, exonera de forma expresa al todavía fugado Carles Puigdemont y al resto de huidos y da un plazo de dos meses a los jueces para que la apliquen.
La ley tiene 16 artículos y 22 páginas, de las que la mitad están dedicadas a la exposición de motivos. En ella, pese al rosario de voces que sostienen lo contrario, se subraya la constitucionalidad de la norma, se afirma que no afecta a la separación de poderes y se recalca que se respeta el principio de igualdad y de proporcionalidad.
Estas son sus claves principales:

Los beneficiados

Anulará la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023. Además de los dirigentes políticos, quedan cubiertos directores de colegios en los que se colocaron urnas del 1-O, alcaldes, manifestantes y agentes policiales.

Los excluidos

La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la UE que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas graves. Queda en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo en las que aún no hay sentencia: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga a Puigdemont, y la secretaria general de ERC Marta Rovira, así como la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
También se excluyen los actos que hayan provocado una muerte, la pérdida de un miembro, un órgano o un sentido, o impotencia, esterilidad o una grave deformidad.

Puigdemont y los huidos

No se menciona su nombre, pero se hace referencia directa al expresidente catalán Carles Puigdemont, al señalar que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión», así como «las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención», que afectan también a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig y a la secretaria de Esquerra, Marta Rovira.
cargas policiales
La propuesta cubre de forma expresa las actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir el procés. En la exposición de motivos se asegura que amnistiar las acciones delictivas que pudieran haberse cometido en defensa de la legalidad y del orden constitucional «no supone demérito o reproche alguno para los colectivos concernidos» ni implica criminalizar a los funcionarios que intervinieron en defensa del orden público, sino que persigue aliviar su situación procesal.

La justificación

En el documento pactado por el PSOE con Junts se asume que la aplicación de la legalidad es «necesaria», pero «en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo», por lo que aboga por adaptar el Derecho al contexto político. Así, se justifica la amnistía «por la convivencia democrática», «en aras del interés general» y «para la superación de un conflicto político». La norma, se señala, aspira a «generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España».

La aplicación

La ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al procés, deberán aplicar la ley con carácter «preferente y urgente» en un plazo máximo de dos meses.

El 'lawfare'

La presunta persecución política desde los tribunales (lawfare) y que ha suscitado el rechazo unánime de los operadores jurídicos, no aparece en la ley de forma explícita. Tampoco habla de posibles comisiones de investigación en el Parlamento que se mencionaban en ese pacto.

El dinero

La amnistía borrará la presunta «responsabilidad contable» de más de 30 exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, a los que el Tribunal de Cuentas reclama entre tres y cinco millones de euros. Además, no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni la restitución de las cantidades abonadas por multa o sanción -lo que afecta al expresident Artur Mas- y tampoco exonerará de la responsabilidad civil frente a particulares.