El año 2025 está a la vuelta de la esquina y llega con un nuevo impuesto que trae de cabeza a los gestores de los municipios españoles y que afectará a los bolsillos de los contribuyentes. La novedosa tasa de basura, coloquialmente conocida como 'tasazo' o 'basurazo', obliga a los ayuntamientos a modificar sus ordenanzas para cobrar de forma proporcional la generación de residuos. Se sabe el porqué (quien más contamina paga más) y el cuándo (la moratoria de tres años finaliza el próximo mes de abril), pero aún sobrevuelan muchas dudas sobre el cómo y, sobre todo, el cuánto. Es por ello que la Federación Española de Municipios y Provincias ha pedido al Gobierno que establezca un criterio común y facilite que los consistorios puedan aplicar de manera ordenada esta tasa, impuesta por ley en 2022 para cumplir con una norma comunitaria.

Los ayuntamientos de Ciudad Real manejan varias vías. En la capital han optado, de momento, por una cuota fija que supondrá un incremento de unos 12 euros de media por vivienda en el recibo anual de la basura, que pasará de 75 a cerca de 88 euros. El 'tasazo', explica el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, supondrá un coste adicional de alrededor de 750.000 euros. Recuerda que la Diputación asumió esta carga impositiva en 2023 y que el Ayuntamiento ha hecho lo propio en el presente ejercicio, pero en 2025 repercutirá toda la cuantía en el contribuyente, porque así lo establece la ley. La modificación de la ordenanza ya tiene el visto bueno del Pleno. De cara a los próximos años, el equipo de Gobierno realizará un estudio «meticuloso» sobre esta tasa, para ver si se puede aplicar una cuota variable en función, por ejemplo, del valor catastral de las viviendas o del número de personas empadronadas en cada una de ellas.

Así lo hará el Ayuntamiento de Valdepeñas, que ha establecido un importe fijo de 15 euros por inmueble y de 18 euros adicionales por cada persona empadronada en el mismo. Además, para no sobrecargar a los vecinos con el cobro de tributos, la tasa de basura se podrá pagar durante el primer semestre de 2025, mientras que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) quedará ya para la segunda parte del ejercicio. En Manzanares están a la expectativa. Su alcalde, Julián Nieva, espera que la Diputación de Ciudad Real mueva ficha para que «los ciudadanos no tengan que soportar una mayor carga impositiva sobre sus espaldas». Asegura que es «voluntad política» del equipo de Gobierno del PSOE no subir los impuestos, pero la decisión final «estará directamente relacionada con la información que nos dé la Institución provincial». «Es incomprensible que la Diputación más saneada de España siga sangrando el bolsillo de los ciudadanos con estas decisiones y con los copagos», enfatiza.

La Mancomunidad de Servicios Comsermancha, según lo establecido en sus estatutos, pretende elaborar una ordenanza fiscal común para regular la tasa de recogida de residuos de los 21 municipios que la integran, entre ellos, Alcázar de San Juan y Tomelloso. Una medida que se debatirá y aprobará, si procede, en un pleno extraordinario el próximo 7 de noviembre. «Nos quita un quebradero de cabeza», reconoce el alcalde tomellosero, Javier Navarro, que desconoce aún qué criterios se van a seguir para establecer la cuota que deben pagar los vecinos y las empresas. «Hay muchos municipios que están optando por el número de empadronados en cada vivienda, pero eso es una foto fija a 1 de enero que puede variar a lo largo del año», subraya el regidor, para hacer hincapié en que «no hay un criterio objetivo claro». Apunta que una familia numerosa puede ser mucho más responsable a la hora de reciclar que una persona que viva sola. Y se pregunta, al mismo tiempo, cómo van a revertir el dinero de esta tasa para reducir los vertidos.

En el último pleno de Comsermancha, su presidenta y alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, expuso la necesidad de estudiar la aplicación de esta ordenanza única para 2025, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera de la entidad y cumplir con la normativa vigente. El alcalde de Pedro Muñoz, Alberto Lara, planteó la posibilidad de modificar los estatutos para mantener la autonomía fiscal de los ayuntamientos (un extremo que también defiende la FEMP), mientras que el regidor de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, defendió la ordenanza única como medio para asegurar la igualdad entre municipios y la estabilidad financiera de la Mancomunidad.