El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación dirigida «a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas», necesidades que con la crisis del COVID se han incrementado. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no es tan rápida como muchos de esos solicitantes esperarían. Según reconoce el propio Gobierno, en la provincia hay casi 7.000 personas que agurdan aún una respuesta a su expediente ‘validado’, que hasta finales de octubre, según las cifras a las que ha tenido acceso La Tribuna, suman ya más de 11.800.

El Gobierno ha recibido más de 12.300 solicitudes para tener acceso a este ingreso, que se puede solicitar desde el 15 de octubre y que incluye un conjunto de medidas articuladas a través de esta prestación de la Seguridad Social y que garantizará unos ingresos mínimos mensuales a los hogares en situación de especial vulnerabilidad. En Castilla-La Mancha solo Toledo supera las cifras de demora de Ciudad Real. Allí la diferencia entre los expedientes válidos y los resueltos supera los 12.000 casos que aguardan un sí o un no. 

La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacaba pecho ante esta medida y aseguraba que, con el Ingreso Mínimo Vital, el Ejecutivo había «puesto en pie», en un «tiempo récord» y «en pandemia» un «nuevo Estado del Bienestar».  Reconoció que el Gobierno «debe mejorar» en la gestión de esta prestación, pero pidió también reconocimiento para su equipo que, según señaló en el Senado, durante la última sesión de control, ha puesto en marcha medidas «en tiempo récord».

Ya en agosto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asumió los retrasos en las concesiones del Ingreso Mínimo Vital a la búsqueda de «fraudes» y «duplicidades» en los expedientes, aunque indicó que en septiembre estaba previsto resolver los retrasos y dejaba claro entonces la intención del Ejecutivo de conceder las ayudas con carácter retroactivo.

En el sindicato UGTse lamentó que en Castilla-La Mancha se hubieran aprobado apenas 5.632 solicitudes a primeros de noviembre  y alertaba que «familias que no lo están percibiendo y que caigan ahora en una situación de exclusión va a ser muy difícil que accedan a él porque se evalúa la carencia económica del año anterior y porque tiene demasiados requisitos rígidos».