¿Existen pruebas contundentes para condenar a la familia del barrio de San Antón, acusada de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, o podría quedar absuelta por un defecto de forma en el procedimiento contra ellos, y por consiguiente, por falta de pruebas legítimamente obtenidas? La última palabra la tendrán los miembros del tribunal, presidido por la magistrada María Jesús Alarcón, después de que este lunes quedara visto para sentencia un juicio que se ha llevado a cabo a lo largo de tres sesiones y que ha sentado en el banquillo a un matrimonio, Sergio G. A. y Manuela A. C., a su hijo Sergio G. A., y a una cuarta persona, conocida y vecina de ellos, Josefa S. S.
Hoy ha sido el turno de las conclusiones finales de las partes, en una sesión larga pero, a diferencia de las precedentes, sin momentos de tensión entre las partes y el tribunal. La presidenta del plenario atendía primero los argumentos de la fiscal, que consideraba que durante el juicio se ha constatado que hay "pruebas contundentes" contra los cuatro encausados, por lo que mantenía sus peticiones: nueve años y medio de cárcel para el primero y ocho años para la segunda, acusados de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales; cuatro años para el tercero por el primero de los delitos, y tres años y medio para la cuarta acusada por el mismo motivo.
A juicio de la acusación pública, tanto las escuchas telefónicas aportadas por la Policía Nacional, como los resultados de los registros en los domicilios, así como el testimonio de una de las comparecientes, ponía de manifiesto a lo que se dedicaba esta familia, vender cocaína y heroína en su vivienda ubicada en el 22 de la calle San Antón de Ciudad Real. Un negocio que les habría permitido gastar hasta 109.000 euros (adquiriendo pisos, vehículos, electrodomésticos de alta gama…) en menos de cuatro años, además de dos transferencias de casi 14.000 euros, cuando los ingresos reales de los dos padres de familia apenas superaron los 20.000 euros durante este periodo de tiempo. Especial peso le otorgaba a la declaración de Josefa S. S. en las diligencias previas, cuando confesaba que le guardaba la droga en su casa a la familia a cambio de algunas dosis. Sin embargo, durante el juicio se desdecía de ello. Según la fiscal, tanto ella como algunos de los testigos que pasaban por la sala habían firmado "un acuerdo entre las partes" para negar que le habían comprado droga al matrimonio, incurriendo, eso sí, en "numerosas contradicciones". Esto, y el "altísimo nivel de vida" del que hacían gala, consolidarían su responsabilidad en los delitos de lo que están acusados.
Proceso "viciado" y "nulo de pleno derecho"
En su turno de intervención, las tres defensas se explayaban ante la sala en las irregularidades que, a su entender, habían presidido el origen de este procedimiento penal. Juan Gonzalo Ospina, abogado de los padres, lo calificaba como un "desastre procesal", con una "falta de control judicial" que vulneraba el derecho a la defensa de sus clientes. Así, pedía la nulidad de todo el proceso desde tres aspectos: que este procedimiento y las escuchas telefónicas está basado en un auto anterior, que fue ya cerrado, y que no se incorporaba a esta causa, con conversaciones telefónicas entre los investigados que sí estaban reflejadas como pruebas; por la "falta de motivación" del auto que incoa las diligencias actuales, "nulo de pleno derecho" porque "no aparece una mera mención a ninguna sospecha"; y por la aportación de un audio, con la declaración previa de la acusada principal, del cual no se tenía constancia.
Además, Ospina tampoco cree que en el fondo se haya podido demostrar la culpabilidad de sus representados, con varios testimonios de consumidores que negaron haberles comprado droga, salvo el de Nuria, que obedecía a la "animadversión" contra ambos al ser la examante de él.
Sobre el delito de blanqueo de capitales, el letrado apuntaba que no se había demostrado ningún tipo de ingreso económico de ambos en el mercado de dinero ilícito, por lo que pedía la libre absolución para los dos.
En este mismo sentido se expresaba Beatriz Uriarte, abogada de Sergio G. A. hijo, apodado 'El maño', advirtiendo en la sala que no se habían incorporado a esta causa los "antecedentes indispensables" para que el auto que autorizaba las escuchas se prolongara para estas diligencias, lo que viciaba el procedimiento en origen y daba como resultado "pruebas completamente envenenadas y ni con un solo indicio".
Por su parte, José Miguel Rodríguez, representante legal de Josefa S. S., se dirigía al tribunal subrayando, por este mismo motivo, que "no hay prueba practicada lícitamente que condene" a su clienta, víctima de un "auto erróneo" en las diligencias previas en el que se le acusaba de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. A partir de ahí, se habría producido un "acontecimiento viciado en cadena". También pedía su libre absolución, y subsidiariamente que fuera condenada solo por un delito de tenencia de sustancias estupefacientes con los atenuantes de drogadicción y de colaboración con las fuerzas policiales.
"Nunca hemos vendido drogas"
La sesión finalizaba con el turno de últimas palabras para los cuatro acusados. Manuela A. C. repetía ante el tribunal que "nunca hemos vendido drogas", y Sergio G. A. afirmaba que "siempre me he buscado la vida honradamente, nunca con el tráfico de drogas". El hijo de ambos era más contundente en su declaración última, afirmando que "nunca, nunca, nunca jamás me he dedicado al tráfico de drogas, y hasta ahora mis manos no han tocado ninguna droga; me he ganado la vida honradamente y ahora estoy trabajando, haciendo una vida normal". Por último, Josefa S. S. insistía en que "yo solo consumía drogas".