Este martes estaba prevista la celebración en el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real del juicio contra el matrimonio acusado de haber agredido física y verbalmente a cuatro profesores del IES Vicente Cano de Argamasilla de Alba, en mayo de 2022. Estas dos personas, P. V. R. y D. I. F., padres de una alumna del centro, están acusadas de delitos de atentado contra funcionarios docentes, lesiones, amenazas e injurias, y se enfrentan a penas de hasta cuatro años y medio de prisión, además de indemnizaciones económicas por responsabilidad civil de hasta 6.000 euros a cada profesor agredido. Sin embargo, el juicio ha sido aplazado hasta el 29 de febrero de 2024 después de un escrito del abogado de los acusados alegando que no le habían practicando notificaciones en tiempo y forma; alegación que ha sido tenida en cuenta por el Tribunal.
Los hechos que se juzgarán sucedieron en el propio instituto, donde los padres de la menor se personaron con la intención de encontrarse con una de las profesoras de su hija. Al estar ausente ésta, porque su horario docente había finalizado, los acusados pidieron hablar con el director del centro, y al acudir éste junto con otros tres profesores, se produjo el incidente, según el relato de los denunciantes.
José Emilio Rubio, abogado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), personado en este caso como acusación particular, cree que se trata de «unos hechos muy graves», como así se podrá comprobar durante la vista oral con las imágenes que están aportadas al procedimiento, "con golpes, gritos, insultos, y mucha tensión", con el resultado de hematomas, ropa desgarrada y secuelas psicológicas, según la acusación. Por ello, confía en que la sentencia sea «ejemplarizante» para ayudar a que la figura del docente deje de estar tan desprotegida como hasta ahora. «Este tipo de hechos no pueden quedar impunes. No puede ser que los profesores tengan que acudir a su centro de trabajo atemorizados», afirma Rubio, que espera que esta sentencia sea «contundente» para que tenga también un efecto preventivo y de persuasión sobre posibles futuras situaciones similares y para que las personas que siguen sin respetar la autoridad del profesor se piensen actuar de un modo parecido.
No fue un arrebato
Según afirma el abogado del STE, no se trató de ningún arrebato momentáneo de los padres, sino que el conflicto venía del día anterior, cuando la profesora llamaba la atención a la alumna. La menor habló con su madre y ésta llamó por teléfono a la profesora en un tono amenazante, según los docentes. Al día siguiente se personaban el padre y la madre en el centro. «Un conflicto que se había resuelto en clase el día anterior se convirtió en una situación muy grave, con lesiones y amenazas», reitera José Emilio Rubio.
Además, un día después de los hechos, el hijo menor de los dos imputados, que fueron detenidos por la Guardia Civil, también agredía supuestamente a una profesora del CEIP Divino Maestro de la misma localidad, aunque este hecho no tendrá cabida en el presente procedimiento judicial.
Durante la única jornada de juicio, señalada ahora el 29 de febrero de 2024, están previstos los testimonios de los dos acusados y de los cinco profesores afectados, entre otras pruebas.